A través de comunicados de prensa, tanto la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) Regional Córdoba, como la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), manifestaron sus repudios contra las tomas ilegales y usurpaciones de predios rurales y propiedades privadas de distintos puntos del país.

Con un discurso directo y claro, la CEEA Córdoba calificó de delincuentes a los que usurpan propiedades y consideró al poder político y judicial como cómplices de este tipo de hechos. “Repudiamos la inacción de los Gobiernos nacional y provincial que con su silencio cómplice renuncia a su deber de velar por la plena vigencia del orden social y los derechos constitucionales”, dijo el espacio que integra a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro. Y, sin entrar en rodeos, agregó: “No menos grave es la vergonzosa pasividad de jueces y fiscales que so pretexto de una serie de subterfugios y evasivas no terminan de cumplir con su deber de hacer cesar de inmediato un delito flagrante continuo y creciente que agrega una mayor cuota de angustia a la dificilísima situación social, económica y sanitaria que padecemos los argentinos”.

Recurriendo al texto de la Constitución Nacional, Aapresid también reclamó por la urgente intervención de los diferentes poderes del Estado y de la aplicación inmediata de la ley. Haciendo referencia a las tomas de tierras ocurridas en Río Negro y Entre Ríos, la institución hizo hincapié en que la Justicia haga respetar la Constitución. Es por ello que en su comunicado cita parte de la misma: “El Artículo 17 expresa que la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.

Luego agrega que “sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley (…) La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie. Asimismo, el Artículo 14 de nuestra Carta Magna establece que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de usar y disponer de su propiedad”.

Ambas instituciones están siguiendo de cerca el desarrollo de estos conflictos en todo el país y expresaron su solidaridad con todos los productores y propietarios afectados.

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