Según plantean los bancos que reclaman un total de U$500 millones, es incomprensible “cómo Vicentin pasó de informar finanzas saludables a mediados de 2019 a colapsar meses después, en diciembre, y entrar en default por la suma de $ 99,3 mil millones de deuda a proveedores y acreedores agrícolas", informó la agencia Bloomberg.

Entre los bancos acreedores se encuentran, Rabobank, Credit Agricole, ING e International Finance Corp., brazo privado de préstamos del Banco Mundial, que solicitaron a la justicia documentación de las transferencias bancarias efectuadas entre Vicentin y varias firmas relacionadas.

Grupo de bancos creó el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales para accionar de forma conjunta.

Ni bien se supo del default de la aceitera a comienzos de diciembre, cuando debía hacer frente a vencimientos por US$ 350 millones, este grupo de bancos creó el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales para accionar de forma conjunta, y pretenden ahora seguir el camino del flujo de fondos desde Vicentin hacia las otras empresas propiedad de sus familias controladoras.

Los representantes legales de los bancos  ante la Corte de Nueva York, plantean que "si se demostraran estas actividades de 'tunelización' pueden corresponderse con un delito penal tipificado bajo la ley argentina". Además, las entidades prestamistas, con quienes se mantienen deudas por la suma de US$ 500 millones en su conjunto, también quieren ver las operaciones de los ejecutivos de la compañía y de sus familiares, según consta en la presentación judicial hecha el 29 de junio.

Negaron haber procedido mal y afirmaron que sus unidades de Paraguay, Uruguay y Europa no tenían como fin ser vehículo para la fuga de capitales.

Desde la empresa dicen no tener conocimiento del pedido de nueva documentación y afirman que hasta ahora colaboraron con la investigación. Además, negaron haber procedido mal y afirmaron que sus unidades de Paraguay, Uruguay y Europa no tenían como fin ser vehículo para la fuga de capitales, puntualizó la agencia Bloomberg.

La agroexportadora ensayó además una defensa de la venta de una participación en la empresa de procesamiento de soja y exportación de biodiesel, “Renova”, al socio Glencore Plc por más de US$ 122 millones, unos pocos días antes de su default de diciembre.

El pedido de documentación desde Nueva York cubre la etapa desde principio de 2017 hasta hoy y abarca a Vicentin y las unidades en Paraguay, Uruguay y Europa, así como Renova. Los prestamistas también reclamaron información a los directivos de Vicentin, como Sergio Nardelli y descendientes de las familias fundadoras.

El Senado aprobó la conformación de una Comisión Bicameral para investigar el nexo entre la banca estatal y la cerealera.

A nivel local, el Senado aprobó la conformación de una Comisión Bicameral para investigar el nexo entre la banca estatal y la cerealera y fue girado para su tratamiendo a la Cámara de Diputados.

En junio, la Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a Vicentin de simular su situación de cesación de pagos con el objetivo de fugar y lavar dinero en el exterior. Involucró en las supuestas maniobras al ex primer mandatario Mauricio Macri, al ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, y a los titulares de la firma agroexportadora.

A través de un escrito presentado al fiscal Gerardo Policita y al magistrado Julián Ercolini, la UIF solicitó ser querellante en la causa donde se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de préstamos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Nación hacia Vicentin durante el gobierno de Macri.

Fuentes: Bloombreg / Télam