Directivos de la planta de Waterloo del gigante americano Tyson Foods, frigorífico que procesa más del 20% de la carne de cerdo del país, enfrentan una demanda legal por realizar apuestas acerca de cuántos empleados de la empresa contraerían COVID-19.

Las acusaciones que involucran a algunos gerentes y supervisores son polémicas: en apariencia éstos crearon un juego de apuestas en el que los participantes apostaban, bajo la modalidad "el ganador se lleva todo", cuántos trabajadores tendrían coronavirus en la planta, a la vez que obligaban a los empleados a trabajar en condiciones insalubres, sin respetar ninguna distancia e inclusive a seguir trabajando con síntomas.

Ésta información trascendió luego de que Oscar Fernández, hijo de un empleado de la empresa que falleció a fines de abril tras contraer el virus, realizara una demanda en la justicia en contra de la empresa Tyson y el gerente de la planta Waterloo, Tom Hart, quienes no tuvieron reparos en la crisis sanitaria y no brindaron protocolos ni herramientas para que los 2.800 trabajadores puedan desarrollar sus tareas.

“Tyson no proporcionó el equipo de protección personal adecuado y no implementó suficiente distanciamiento social o medidas de seguridad para proteger a los trabajadores del brote”, asegura la demanda de Fernández. "Como resultado, Isidro Fernández y más de 1,000 empleados de Tyson se infectaron con COVID-19 en las instalaciones de Waterloo".

De determinarse como real, se trataría de un acto negligente grave, principalmente dadas las condiciones de trabajo en las fábricas de procesamiento de carne en las que la cercanía entre trabajadores y las exigencias físicas en interiores húmedos y fríos se convierten en el caldo de cultivo perfecto para la propagación del coronavirus.

La demanda asegura que Hart y los supervisores de la planta negaron públicamente en la fábrica la existencia del brote dentro de la fábrica e instaban a los trabajadores a continuar: “todos tenemos síntomas, usted tiene un trabajo que hacer". Como agravante, el factor idiomático de los trabajadores cuyo conocimiento del inglés en muchos casos es limitado, funcionó también como una barrera entre los trabajadores y los superiores que dificultó la transparencia entre ambos.

Si bien la demanda se encuentra en curso y todavía se está investigando el caso, la problemática alrededor de la planta de Tyson ya era conocida en un plano local: los funcionarios de Waterloo, el aguacil de Black Hawk, funcionarios electos y de salud exigieron durante semanas a Tyson que cierre la planta luego de constatar las condiciones de trabajo y las consecuencias que podría generar a nivel sanitario; solicitudes que no prosperaron y Tyson mantuvo en actividad la planta.

Desde el frigorífico, habrían trasladado trabajadores de la planta de Georgia, luego de que esta sea cerrada por un grave brote dentro del personal, a la planta de Waterloo; sin considerar los contagios que podrían devenir del traspaso y la falta de aislamiento de los trabajadores de Georgia. Posteriormente, luego de haber sometido a los empleados a condiciones adversas, Tyson determinó el cierre de la planta el 4 de mayo por tres días.

Finalmente, los 1.000 trabajadores de la planta Waterloo habrían contraido la COVID-19 en la fábrica luego de estar expuestos al contagio durante meses, sumado al brote de contagios positivos descontrolado que afectó a Estados Unidos al punto tal de alcanzar casi 12 millones de casos positivos y alrededor de 253 mil muertes.

Como respuesta a las acusaciones, la empresa aseguró que "están extremadamente molestos por las acusaciones que involucran a algunos líderes en la planta de Waterloo", quienes fueron "suspendidos sin paga" y están siendo investigados por un buffet de abogados en colaboración con el ex-fiscal general Eric Holder. "Si se confirman estas afirmaciones, tomaremos todas las medidas necesarias para erradicar y eliminar este comportamiento perturbador de nuestra empresa" afirman desde Tyson asegurando que "la salud de sus empleados es su máxima prioridad". No obstante, la firma enfrenta varias demandas de familiares de trabajadores fallecidos por "la mala gestión de la empresa durante la pandemia".

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