La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) emitió la semana pasada un comunicado en el cual se manifiesta en estado de alerta respecto a las líneas de acción a tomar en reclamo por el deterioro salarial de los últimos meses. El documento fue firmado por el Consejo Directivo Nacional encabezado por Héctor Luis "Etín" Ponce, y difundido a sus delegaciones gremiales, como informó el medio Infortambo.

El sindicato manifestó que el estado de situación de los salarios de las trabajadoras y los trabajadores lácteos del país se encuentra en "franco deterioro" y las industrias "se han negado a otorgar el incremento salarial correspondiente" para equiparar la inflación del primer semestre del año. Acusando además que estas "han rehuido conformar la comisión de actualización prevista en el convenio colectivo de la actividad".

Así mismo, constatan que "gran parte de las Pymes y algunas grandes lecheras" se beneficiaron del programa, impulsado por el Gobierno nacional, denominado ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) pese que, a criterio del sindicato, la rentabilidad no se ha visto disminuida. Muestra de ello es la ausencia de stocks frente a una producción en aumento.

Los delegados expresaron el contradictorio discurso empresarial que por un lado valora la unidad del sector como una gran familia y por el otro genera injustas y desequilibradas situaciones al negar la actualización salarial.

Además, el gremio manifestó que esta situación salarial se refleja en los servicios médico asistenciales de la obra social, la cual "ha visto resentida su cartera prestacional en lo que concierne a la cantidad y calidad de los mismos, padeciendo esta afectación no solo las y los trabajadores sino también sus familias".

Cabe destacar, que ya el mes pasado Atilra publicó en su sitio oficial una carta presentada por 402 delegadas y delegados de base de todo el país, titulada "Una actitud miserable" en referencia a la posición adoptada por las entidades que nuclean al sector empresario, en particular el comunicado se refiere al Cil (Centro de la Industria Láctea) y Apymel (Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas). Señalando que pretenden poner "en cuarentena" los salarios de los trabajadores, utilizando "la pandemia como excusa". 

Entre los pasajes más duros de aquel documento, los delegados expresaron el contradictorio discurso empresarial que por un lado valora la unidad del sector como una "gran familia" y por el otro genera injustas y desequilibradas situaciones al negar la actualización salarial: "Dicen que nos quieren, que somos una gran familia, pero mientras ellos pagan a la prepaga un promedio de 30 mil pesos mensuales para atender las necesidades sanitarias de sus familias, pretenden que Atilra nos dé el servicio de salud con menos de la mitad de lo que ellos pagan."

Los delegados expresaron en su momento que tanto el Cil como Apymel se "atrincheran" en la COVID-19 para desconocer la negociación paritaria legalmente prevista y vigente, derecho de todas las trabajadoras y todos los trabajadores lecheros: "El CIL (...) sostiene y afirma que la supuesta caída de demanda resulta una consecuencia de la disminución del poder de compra de la población, pero se niega a otorgar un incremento salarial para que esa población pueda impulsar la reactivación de nuestra economía, como certeramente lo propone el Gobierno Nacional".

Además, en respuesta a las manifestaciones de Apymel, los delegados esgrimieron que para la entidad la negociación paritaria "no es más que un complot entre el Ministerio de Trabajo de la Nación, Sancor y Atilra, confabulados para lograr un incremento que su sector no puede pagar", cuando, según el documento, más del 93% de las empresas del sector abonaron los incrementos acordados. 

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