Hace casi seis meses que los Senadores de la Nación aprobaron por unanimidad prorrogar la Ley de Biocombustibles. La ley 26.093 sancionada en abril de 2006 tiene una vigencia de 15 años y vencería el próximo 11 de mayo, por lo tanto debería ser aprobada próximamente en Diputados para tranquilidad del sector. Sin embargo en este recinto el diálogo se demora dejando en vilo a la actividad.

Desde ya hay desencuentros también entre especialistas para establecer el momento que empieza a correr el plazo de 15 años: ¿desde que se hizo efectiva la ley publicada en el Boletín Oficial el 15 de mayo de 2006?, ¿desde que se reglamentó el 9 de febrero del 2007 mediante el decreto 109/07?, ¿O desde enero de 2010 en que empezó el corte obligatorio de los combustibles? La postura más acertada entre los juristas sería tomar los quince años desde el día de su promulgación.

Hoy, la falta de acuerdos parecen explicarse por las diferencias entre oficialismo y oposición, provincias petroleras versus productoras de biomasa, hasta muchos encuentran en el lobby de las petroleras la suficiente influencia para no llegar a un acuerdo sensato. En esta complicación se escucharon, y leyeron, muchas opiniones que demostraron conocer poco de esta actividad que en pocos años atrajo a miles de millones dólares en inversiones, más de 12.000 puestos directos de trabajo y 60.000 en forma indirecta; todos en el interior del país.

Las equivocaciones más comunes se focalizan en citar el interés de grandes exportadores de aceites vegetales, cuando en realidad son PyMes las encargadas por esta ley de abastecer a las petroleras para hacer el corte de sus naftas y gasoil con bioalcohol o biodiesel respectivamente. Muchos demuestran desconocer que en el tanque de su auto cuentan desde hace años entre un 10 al 12% de algún biocombustible.

Otro error es citar como costo fiscal, el hecho de contar la existencia de un régimen especial que favorece a los proyectos orientados al mercado interno, como subsidios, caso de la existencia de incentivos tales como amortizaciones acelerada de bienes de uso, cuando en la práctica la AFIP no otorgó esos beneficios de forma masiva, y por estar los biocombustible exentos del impuesto a los combustibles, sin mencionar por otro lado, que esos impuestos castigan los daños al ambientes y a la salud que generan los combustibles fósiles, ni realizar un verdadero balance, ya que se ahorraron cuantiosas divisas por la menor importación de petróleo en todos estos años.

Pero hay un dato que no es menor y poco se habla de el en estas discusiones. Argentina se comprometió en diciembre, en un encuentro organizado por las Naciones Unidas, en la Cumbre de Ambición Climática (en el quinto aniversario del Acuerdo de Paris), bajar un 26% sus emisiones de gases efecto invernadero hacia 2030.

En este mismo ámbito el presidente Alberto Fernández afirmó que los ejes de implementación de la nueva contribución serán la promoción de la transición energética y el transporte sostenible. En este compromiso el uso de biocombustibles es una herramienta fundamental para alcanzar estas metas. Es de esperar que los legisladores tomen en cuenta estos datos para plasmar compromisos ambientales hacia afuera y asegurar futuras inversiones hacia adentro.

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