“El 20 de marzo yo fui y le entregué toda la documentación [al presidente Jair Bolsonaro]”, dijo el diputado Luis Miranda el viernes 25 de junio durante su declaración en la Comisión Parlamentaria creada para investigar el accionar del Gobierno durante la pandemia y a la que llegó vistiendo un chaleco antibalas. Según la denuncia realizada por el diputado Miranda, que pasó de fiel bolsonarista a enemigo público del Gobierno, desde las entrañas del Ministerio de Salud se llevó adelante un intento de sobrefacturar la compra de vacunas de la farmacéutica india Covaxin. Miranda habría alertado al propio presidente, quien le habría prometido iniciar una investigación que nunca tuvo lugar. Este viernes, la Procuraduría General de la República le pidió a la Corte Suprema que abra una investigación contra Jair Bolsonaro por presunta prevaricación. Al relato del diputado Miranda se le suma la denuncia realizada por un empresario del sector, según el cual desde el Ministerio de Salud pedían una coima de un dólar por dosis de la vacuna Covaxin, sobre un contrato de 20 millones de dosis. 

Ante las denuncias, el Gobierno suspendió el contrato con Covaxin y exoneró al Director de Logística del Ministerio de Salud, que había sido mencionado como el solicitante de las coimas. Sin embargo, quien aparece en el centro de la trama es el líder del gobierno en la Cámara de Diputados (un cargo según el cual se oficia de representante del oficialismo), el diputado Ricardo Barros, exministro de Salud de Michel Temer (quien asumiera luego del impeachment contra Dilma Rousseff) y con vasta experiencia en el Congreso. Barros continua en su cargo y pertenece al partido más importante que tiene Bolsonaro como aliado y sin el cual la gobernabilidad se podría ver comprometida. El Partido Progresista (PP), del que forma parte Barros, es uno de los más numerosos en el Congreso y además tiene en sus filas al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira. Este último es un puesto más que sensible, ya que entre otras prerrogativas tiene la exclusividad de aceptar o no los pedidos de impeachment. El aval del presidente de Diputados es necesario para que cualquier pedido de impeachment pase a ser discutido en una comisión especial y eventualmente luego continuar su tramitación en el plenario. En el volátil sistema político brasileño, el juicio político es siempre una amenaza latente. 

El escándalo ha suscitado nuevamente las especulaciones con la posibilidad de impechment. A decir verdad, el gobierno de Bolsonaro nació un poco a la sombra del impeachment contra Dilma y otro poco acechado por la sombra del propio juicio político. Esa sombra acechó desde un comienzo al gobierno en función de la falta de aliados partidarios en el Congreso y en la extendida expresión con la que muchos brasileños le dieron su voto en medio de la desconfianza hacia su figura y el empoderamiento que significaron las masivas manifestaciones contra Dilma: “cualquier cosa nosotros lo sacamos”, repetían en todas las latitudes del continente brasileño. 

No obstante, ello nunca pasó de una amenaza. Bolsonaro se ha recuperado en más de una oportunidad de crisis que parecían terminales, tal como la renuncia como ministro del ex juez Sergio Moro o la más reciente remoción de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. Actualmente, si bien Bolsonaro tiene los menores índices de aprobación (24%) de todo su mandato y los mayores de desaprobación (por encima del 50% en todas las encuestas), ese desgaste aún es poco para llevar adelante una remoción. Tanto Fernando Collor, removido en 1992, y Dilma Russeff (2016) tenían una aprobación de un dígito. 

Pero además, el PP forma parte del grupo de partidos llamado Centrão. Es en ese grupo donde Bolsonaro ha logrado obtener respaldo partidario. Una ruptura con el Centrão equivale a la pérdida de la gobernabilidad. Además, esos aliados suponen para Bolsonaro un escudo legislativo superior a los 171 diputados necesarios para evitar la aprobación de la apertura de impeachment.  De allí que una ruptura de Bolsonaro con ese grupo es altamente improbable. A esto hay que agregarle la procedencia militar del vicepresidente Hamilton Mourão, que hasta el momento funciona como un tapón para cualquier intento de remover a Bolsonaro. 

Por ello, Bolsonaro realiza un delicado equilibrio entre despegarse de las denuncias que involucran centralmente al líder del gobierno en Diputados, Ricardo Barros, y al mismo tiempo evitar entregar su cabeza. El gran interrogante, en caso de que se avance en la investigación, es el nivel de involucramiento del partido de Barros, el PP, así como de otros miembros del Centrão. Paradójicamente, el escándalo que tiene como protagonista a un miembro del Centrão debilita a Bolsonaro, y en la medida en que este es más débil, depende cada vez más de su principal aliado en el Congreso, el propio Centrão. 

Para resumir la situación se pueden tomar las palabras del vicepresidente Hamilton Mourão, para quien el discurso anticorrupción con el que Bolsonaro fue elegido se encuentra intacto y no hay posibilidades de un impeachment. Mientras que lo primero es una indiscreta falsedad, lo segundo tiene la discreción de despejar sospechas de conspiración, y de momento parece cierto. 

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