El Frente de Todos (FdT) buscará emitir en unas horas un dictamen favorable para el nuevo marco regulatorio de la Ley de Biocombustibles. En un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y la de Presupuesto y Hacienda, conducidas por los diputados Omar Felix (Mendoza) y Carlos Heller (Santa Fe), se tratará el proyecto presentado por Felix y Marco Cleri.

Si bien la propuesta para el nuevo régimen, que tendrá vigencia hasta 2030, mantiene los beneficios impositivos que establecen que tanto el biodiésel como el bioetanol no estarán gravados por los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (ICO2); establece la reducción de los porcentajes de corte de los combustibles fósiles con bioetanol y biodiesel; por ejemplo del 10% al 5% por ciento en el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel; mientras que para el bioetanol de caña y maíz los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria.

El texto presentado dividió las opiniones incluso dentro del FdT, provocando malestar entre aquellos legisladores que representan a las provincias productoras de este tipo de combustibles de origen natural. Otro de los puntos que separan al oficialismo es el artículo que faculta a la Secretaría de Energía a "elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas".

El proyecto también plantea que "las empresas elaboradoras de biocombustibles que decidan llevar a cabo el abastecimiento para dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión”, por lo que establece que la autoridad de aplicación puede arbitrar los medios que sustituyan la importación de biocombustibles "con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo".

Cabe destacar que por las demoras del tratamiento de este proyecto, el oficialismo debió prorrogar hasta el 12 de julio la Ley 26.093, que luego de 15 años de implementación, venció el 12 de mayo.

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