A propósito de la potencial aplicación del Impuesto a la Riqueza, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) envió una carta a los legisladores nacionales y provinciales de Buenos Aires y La Pampa, para expresar su posicionamiento en relación al impuesto.

Para la Confederación, el impuesto "gravaría fuertemente al sector impidiendo los procesos naturales de reinversión", a la vez que no sería un "aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia" como se presenta desde el Gobierno, sino que sería un "impuesto directo" que no toma en consideración algunas características naturales del ámbito rural.

La aplicación del impuesto ignora "la ley 27.480 que asegura que quedan exentos de impuesto a los bienes personales, los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas o sucesiones indivisa, cualquiera sea su destino o afectación".

En su carta, Carbap asegura que el aporte "no considera el patrimonio de la persona, sino solamente los activos" que, en conjunción con la falta de un "mínimo no imponible", generaría que aquellos cuyo "patrimonio totalice entre $1 y $200 millones, pagarán sobre el total y no sobre el excedente".

La aplicación del impuesto, a su vez, ignora "la ley 27.480 que asegura que quedan exentos de impuesto a los bienes personales, los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas o sucesiones indivisa, cualquiera sea su destino o afectación". El comúnmente llamado Impuesto a la Riqueza daría por tierra las excepciones fijadas por esa ley de bienes personales, implicando entonces, que los inmuebles rurales queden alcanzados.

Carbap solicitó se considere la "exclusión del tributo a las parcelas rurales y los bienes muebles y semovientes utilizados en la producción".

A su vez, el aporte gravaría también todos los bienes muebles y semovientes que se utilizan para porducción agropecuaria. Ante eso, Carbap solicitó tanto a los legisladores nacionales, como a los diputados y senadores provinciales, que se considere la "exclusión del tributo a las parcelas rurales y los bienes muebles y semovientes utilizados en la producción".

Para evitar el impacto económico que implicaría el impuesto, Carbap asegura que los productores se verían obligados "a liquidar activos" y limitar la reinversión.

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