La Junta Promotora del Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) manifestó su preocupación por "los recientes acontecimientos judiciales" de Argentina y señaló que las "alteraciones de los escenarios democráticos" tienen como objetivo deteriorar el Estado para el "saqueo de recursos naturales".

Así lo manifestó la Copaju, creada por el papa Francisco en el Vaticano el 4 de junio de 2019, y que funciona en relación directa con la Pontificia Academia de la Ciencias, en un comunicado titulado "Fin del lawfare o fin de la democracia".

"Hemos observado cómo el fenómeno del ´lawfare´ (guerra jurídica), denunciado por el papa Francisco, al momento de la creación de este Comité, como “una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales, ha nuevamente sacudido a un país de la región: Argentina", indicó la organización en un comunicado.

Asimismo, recordó las palabras del sumo pontífice en aquel encuentro fundacional, donde señaló que “el lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia en los países, generalmente, es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales”.

"Consideramos que, obviamente, esas alteraciones de los escenarios democráticos tienen por fin último el mismo que tuvieron los procesos militares en la era del Plan Cóndor o las democracias liberales de los años ‘90: el progresivo deterioro del rol estatal para facilitar el proceso de expoliación y saqueo de riquezas y recursos naturales", aseveró el Copaju en el comunicado.

Asimismo, señaló que "las conductas complacientes de las élites internas y las voracidades coloniales de los países centrales, en coordinada actuación, han sido responsables del deterioro de la calidad de vida y de la vulneración de los derechos sociales de vastos sectores de la población".

Estas "advertencias" del papa Francisco "se han hecho infelizmente realidad hoy en la República Argentina", agregó.

"Se ha instrumentalizado a un sector del poder judicial para permitir la proscripción política, y en paralelo, como esa acción queda al desnudo con la revelación de los encuentros impropios de varios de sus protagonistas con sectores de dominación mediática", indicó.

En esa línea, advirtió a la comunidad política argentina y americana sobre "el grave riesgo que se cierne sobre la democracia si estas formas de sustitución de la voluntad popular se mantienen impunes y sin freno".

"Tenemos en claro que la manipulación legal y el linchamiento mediático son las bases de la anomia. Al minarse los procesos políticos y destruirse las reglas y los pactos de convivencia, se incita a la violencia social y al caos. El cuadro resultante no sólo es inconveniente para los sectores populares: nadie tiene garantías en un país cuya justicia se corrompe y sus instituciones se descomponen", aseguró la organización.

Finalmente, el comité señaló que es "imperativo que los colegas magistrados de los países afectados por las estrategias de “lawfare” que no comulgan con esas prácticas espurias, se diferencien y distingan, alzando una voz crítica y firme para defender la institucionalidad".

El documento lleva las firmas de Roberto Andrés Gallardo, representante argentino y presidente de Copaju; Ana Inés Algorta Latorre, representante brasilera y vicepresidenta de Copaju; Daniel Urrutia Laubreaux, representante de Chile; y Gustavo Daniel Moreno, argentino