Embargaron por más de 111 millones de pesos sobre los “bienes libres” de Vicentin SAIC y de algunos de sus directivos. Así lo confirmaron desde la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Es en una causa por el uso de facturas truchas de proveedores de granos para percibir reintegros de IVA a las exportaciones entre los años 2016 y 2018.

En agosto del año pasado se abrió la causa por una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El organismo denunció “operaciones con 54 proveedores apócrifos” a través de facturas presuntamente falsas “en las solicitudes de reintegro del Impuesto al Valor Agregado (crédito fiscal) correspondiente a los períodos 01/2016 al 10/2018”, según explica el fallo judicial.

Según los jueces, la medida cautelar de primera instancia es “proporcionada y razonable”.

De acuerdo a la estimación de AFIP, el perjuicio para el Estado por la devolución de IVA a las exportaciones a Vicentin fue de $111.637.479, de ahí el monto establecido por la Justicia para trabar el embargo sobre los bienes de la concursada cerealera y sus directivos. El embargo había sido establecido por el juez de primera instancia y apelado por los abogados de la firma santafesina. Ahora fue confirmado por los magistrados María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Enrique Bosch, que componen la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

Según los jueces, la medida cautelar de primera instancia es “proporcionada y razonable”. La misma había sido tildada de “arbitraria” por los letrados de Vicentin SAIC en su apelación.

Para rechazar el planteo de la defensa, los camaristas remarcan en su resolución que la AFIP había solicitado “la inhibición general de bienes de los directivos de la empresa y la designación de veedores,” medida que fue rechazada por el juez inferior, lo que plantea la ausencia de arbitrariedad en el fallo.

En el escrito, los magistrados ordenan a la AFIP “denunciar los datos registrales de los bienes libres a embargar, que alcanzan tanto a los de la empresa Vicentin SAIC como a los de algunos de sus directivos como Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze y Martin Colombo.”

Según organismo, se pudo comprobar entre otros hechos, que las sociedades en las facturas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería, según fuentes del caso. Así se pudo constatar que los comprobantes presentados por los 54 supuestos proveedores de Vicentin para justificar los reintegros eran falsos, ya que no podían demostrar actividad real. Los supuestos proveedores, fueron además incluidos en la base de datos de comprobantes apócrifos.

La respuesta de Vicentin.

La firma Vicentin respondió a través de un escrito que “se trata de una medida cautelar que será recurrida” y denunciaron además ser “objeto de un recurrente y sistemático proceder político y judicial”. Calificaron la medida como “carente de fundamentos y contiene una evidente intencionalidad y animosidad contra la empresa”.

“De ninguna manera Vicentin SAIC ha declarado o interactuado con proveedores que no estuvieran debidamente acreditados por la AFIP, que es la autoridad competente, si alguno de los miles de proveedores que se vinculan con la compañía en algún momento incurrieron en algún incumplimiento con la autoridad, es precisamente responsabilidad de la misma su identificación y penalización”, se defendieron desde la empresa.

Desde Vicentin puntualizaron que “de las declaraciones preliminares en el proceso judicial que se sustancia actualmente, ya se han registrado contundentes declaraciones de algunos de los propios funcionarios del organismo regulador que no han podido determinar la comisión de delito alguno por parte de la compañía ni tampoco determinar la motivación o beneficio aparente para que la empresa tuviera responsabilidad en la irregularidad que se le intenta atribuir”.

Según la empresa, la supuesta evasión, “representa menos del 0,1 % de las operaciones registradas y declaradas por la empresa durante el período de referencia”.

En Vicentin actualmente negocian con  la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA); Molinos Agro (Pérez Companc) y Viterra Argentina (ex Oleaginosa Moreno Hnos, socia de Vicentin en la planta de Renova) para vender la mayoría del paquete accionario y evitar el desguace en el marco de su concurso preventivo de acreedores.

De acuerdo al escrito, ellos son víctimas del poder político y judicial que “busca afectar las posibilidades de recuperación de la compañía y que en nada contribuye a los genuinos esfuerzos y avances que la misma ha venido realizando en pos de reestructurar su deuda y alcanzar los acuerdos necesarios con sus acreedores”.

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