Un nuevo conflicto surgió en el ámbito de la vitivinicultura. En este caso el foco del problema está en la serie de pedidos que le hicieron al gobierno Nacional las empresas del sector agrupadas en Bodegas de Argentina. Específicamente en uno en particular: se solicita “la suspensión de la contribución obligatoria a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar)”. Este pedido generó la inmediata respuesta del gerente de Coviar, Carlos Fiochetta, quien advirtió que suspender el pago de la contribución obligatoria puede poner en riesgo el funcionamiento de la entidad.

Fiochetta sostuvo que “suspender el cobro de la contribución obligatoria, implica poner en riesgo el financiamiento de la Coviar, paralizarla, desvirtuarla en sus funciones y dejar sin posibilidades de acción a sus distintas unidades ejecutoras. Es ir en contra de los objetivos planteados en el Plan Estratégico Vitivinícola consagrados en la Ley Nacional Nº 25.849”.

Una parte importante de los recursos aportados a la COVIAR no van a la promoción del vino.

Este entredicho se suma a un conflicto de fondo entre las dos organizaciones. En febrero pasado Bodegas Argentinas, junto a otras organizaciones de productores, emitieron un comunicado en el cual hacían pública su postura de abandonar COVIAR a raíz de la elección de José Alberto Zuccardi, titular de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) e integrante del directorio de Wines of Argentina, como presidente de la COVIAR. Fundamentaron esta decisión en “la falta de apertura y permeabilidad a los cambios propuestos, inexistencia de un espacio de diálogo y consenso y adjudicarse el monopolio de la voz del vino”.

En lo que respecta al pedido de suspender el aporte a COVIAR, Bodegas Argentinas argumenta que dejó de participar de la misma, y agrega que “una parte importante de los recursos aportados a la COVIAR no van a la promoción del vino", que según aducen era "el propósito original para lo cual se creó".

Según la Corporación, la pérdida de este aporte también implicaría “dejar sin recursos a la promoción externa, desfinanciando por ejemplo a Wines of Argentina en plena celebración mundial del ‘Malbec Word Day’, suspender la campaña de promoción genérica del vino en el mercado interno que busca defender el lugar que hoy tiene la Bebida Nacional en la mesa y en la cultura de los argentinos”. A lo que suman que “se dejaría sin asistencia técnica, profesional y financiera a más de 2.000 productores de las distintas provincias vitivinícolas a los que COVIAR llega y asiste a través de su unidad de Pequeños Productores vía los Centros de Desarrollo Vitícola”.

Da por sentado que se va a producir una caída en el corto plazo de las exportaciones de vino embotellado debido a la crisis económica global.

Por el lado de Bodegas Argentinas, además de no continuar con el pago a COVIAR, en la carta que le enviaron al ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación solicitan que “se revea el congelamiento de precios luego del 20 de abril próximo, y que las bodegas puedan fijar precios libremente a los vinos embotellados”. En otro párrafo del documento, da por sentado que se va a producir una caída en el corto plazo de las exportaciones de vino embotellado debido a la crisis económica global, por lo cual solicitó “la eliminación de las retenciones a los productos vitivinícolas que tengan valor agregado”.

Según el sector, el costo fiscal estimado de eliminar las retenciones al vino embotellado es de 2.000 millones de pesos, por lo que infieren que "este ahorro potencial para las bodegas podría claramente ayudar a sostener el negocio, los empleos y la cadena de pagos en este difícil contexto".

Como moneda de cambio propusieron que queden congelados los precios de los vinos de mesa, que explican el 45% del total comercializado en el país y que son mayoritariamente consumidos por la clase baja y media baja