El discurso del presidente estadounidense, Joseph Biden, a inicios de mayo pasado, con el que en nuestro país se ganó el mote de “Juan Domingo Biden”, significó una histórica declaración de intención de cambiar el rumbo de muchos aspectos de la política estadounidense, y también de la economía internacional. Hace dos semanas, y a partir de la iniciativa de Estados Unidos, el G7 llegó a un acuerdo para impulsar una tasa de impuestos mínima del 15% a nivel global para las multinacionales, y el pago de impuestos en los países donde se encuentran los clientes, a pesar de que las mismas se encuentren físicamente en otros países. Esto último apunta especialmente a las compañías de tecnología de la información y comunicación, como Google o Facebook. 

Si bien aún falta un largo camino por recorrer hasta que estas medidas se implementen (lo del G7 no es mucho más que un impulso al debate a nivel global), y es una incógnita el verdadero impacto que tendrán, pueden concluirse dos cosas. Primero, el regreso de Estados Unidos a la política internacional desde una estrategia de diálogo multilateral y con ejercicio de liderazgo, lugar que había abandonado con Trump. Segundo, que el mundo pospandemia al cual estamos entrando pone sobre la mesa el debate sobre los impuestos, la desigualdad y el rol del Estado. Las iniciativas de Biden y el G7 tienen como objetivo hacer frente a los desafíos de la recuperación económica y la mitigación del impacto social de la pandemia, fortaleciendo las capacidades estatales y apuntando a la reducción de la desigualdad. 

No obstante, se abren varios interrogantes respecto a esta iniciativa de reforma tributaria a nivel global (o con la incorporación de la mayor cantidad posible de países). La ONG Oxfam Internacional sostiene que el acuerdo del G7 está lejos de ser justo, ya que la tasa del 15% es demasiado baja y las compañías no tendrían problemas en sortearla. “Hará poco para poner fin a la carrera por la baja de impuestos y reducir el uso de paraísos fiscales”, sostuvo en un comunicado emitido al día siguiente del anuncio del G7. Según Oxfam, esa tasa “es similar a tasas suaves cobradas por paraísos fiscales como Irlanda, Suiza y Singapur. Están poniendo el listón tan bajo que las empresas simplemente pueden pasar por encima de él”.

Argumentos similares sostienen desde la Comisión Independiente para la Reforma Impositiva Corporativa, de la que forman parte distintos economistas entre los cuales se destacan Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y mentor de Martín Guzmán, ministro de Economía de Argentina, y Thomas Piketty, referencia en los estudios sobre concentración de riqueza. Para los integrantes de esta comisión, para ser efectivo, el impuesto global debería ser del 25%. 

Por otro lado, un análisis realizado por la agencia de noticias Reuters muestra que las medidas impulsadas por el G7 tendría efectos muy diferentes en cada caso y según las características y las estrategias de pago de impuestos de cada compañía. Según la agencia, Google podría ver incrementado el pago de sus impuestos en solo un 7% a nivel global, mientras que Johnson & Johnson en un 50%, por dar un ejemplo. Además, todavía hay gran incertidumbre respecto a cómo se aplicarían las medidas, y a lo que se le suma la poca información de las compañías respecto al pago de sus impuestos, por lo que resulta difícil tener precisiones sobre el impacto de las mismas. Según declaraciones de Rita de la Feria, profesora de derecho tributario de la Universidad de Leeds, al Financial Times “si bien las tasas generales son importantes, es probable que la competencia continúe en el nivel de la base imponible”. 

Sin embargo, las medidas impulsadas deberían ser suficientes para incrementar la recaudación de impuestos a nivel global (se habla de cómo mínimo 50.000 millones de dólares, el equivalente al préstamo del Fondo Monetario Internacional a la gestión de Mauricio Macri, lo cual globalmente parece poco) y desalentar la utilización de paraísos fiscales como estrategia para evadir el pago de impuestos. 

Las potencias europeas aguardan que Estados Unidos avance en su legislación interna para luego dar impulso a las mismas en sus respectivos sistemas tributarios. He aquí otro de los grandes desafíos. La polarización de la principal potencial global y el ajustado predominio de los demócratas sobre el Congreso hace ardua la aprobación de las medidas impulsadas por Biden. Del otro lado, el Partido Republicano se encuentra replegado en sus valores conservadores (tanto en lo que respecta a identitarias y culturales como en el plano económico) y tironeado entre el viejo establishment partidario y el resiliente liderazgo de Donald Trump. La puja interna del Partido Republicano parece funcionar como un estímulo para no ceder ante Biden y mantener firmes los valores conservadores. Con el empate en el Senado (ambos partidos tienen 50 senadores y desempata la vicepresidenta Kamala Harris) la figura de Jon Manchin, un demócrata conservador, cobra mayor relevancia en las negociaciones. Respecto al incremento de las tasas corporativas desde el 21 % al 28 %, Manchin había manifestado que aceptaría el 25 %. Un cambio de un voto es suficiente para inviabilizar las propuestas de Biden. 

En conclusión, muchas cosas sucederán en relación a las propuestas de reforma tributaria a nivel global que determinarán el verdadero impacto de las mismas. ¿Tendrá un efecto significativo en la carga tributaria de las grandes compañías multinacionales o estas saldrán prácticamente indemnes?¿Servirán estas medidas para fortalecer las capacidades estatales y luchas contra la desigualdad en el mundo pospandemia? Por el momento algo no menor ha sucedido: hay un incipiente consenso internacional en el diagnóstico acerca de que se debe hacer frente a la desigualdad, se deben fortalecer las capacidades estatales para ello y las grandes compañías deben pagar más impuestos. Aunque resta ver el verdadero alcance de la respuesta, este consenso parecía impensable en el mundo prepandemia. 

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