La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) secuestró más de 8.100 toneladas de maíz, ejecutando el decomiso de granos más importante en la historia del organismo, y en un solo procedimiento. Según informó la Dirección General Impositiva (DGI), los granos incautados se encontraban almacenados en distintos depósitos del puerto bonaerense de Campana.

Paralelamente, la cartera conducida por Mercedes Marcó del Pont decomisó otras 502 toneladas de soja en un depósito fiscal en Rosario, después de hallar irregularidades en la documentación respaldatoria de los granos que estaban por ser exportados hacia la República de Paraguay en camiones con patente y choferes del país limítrofe.

De acuerdo a lo reportado por el organismo de recaudación y control impositivo, las 8.100 toneladas incautadas por la DGI-AFIP equivalen a unos 300 camiones, en tanto que el valor de mercado del maíz que fue incautado supera los $ 160 millones en la plaza local, según las cotizaciones actuales.

La firma identificada en el procedimiento apuntaba a despachar la mercadería en barcazas hacia Uruguay. La estimación de la evasión que se llevaba a cabo con la operatoria interrumpida por la DGI-AFIP es superior a los $ 65 millones.

Según fue reportado por el organismo recaudador, la investigación se inició hace tres meses cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la producción de granos encontró indicios de una operación fraudulenta, y se procedió en la DGI-AFIP a la interdicción de los granos para la investigación del origen de las 8.100 toneladas de maíz.

En el rastreo de sobre inconsistencias en el origen del maíz, se buscó información sobre los productores que enviaron el maíz al exportador de manera directa a Campana. Así, la pesquisa detectó productores que según lo declarado al organismo carecían de cualquier tipo de capacidad operativa. Registraron casos de productores que habían sido inscriptos recientemente en los registros, que no podían justificar la cantidad de cereal del ciclo actual que fue comercializada.

Además, la Afip constató algunas de cartas de porte apócrifas que fueron utilizadas en la operatoria, que son obligatorias para el transporte de granos en Argentina, y que al momento del operativo eran todavía en formato papel. Desde hace 15 días se puso en funcionamiento la obligatoriedad total de esa documentación solo en formato digitalpara evitar entre otras cosas, maniobras como la que fue desarticulada.

En los primeros días de esta semana se resolvió el decomiso del total, así, los agentes de la DGI-AFIP procedieron a la interdicción de las más de 8.100 toneladas de los granos amarillos, en galpones de un depósito fiscal en el puerto de Campana. Se espera en los próximos días la decisión judicial para avanzar en disponer la mercadería para liquidarla a través de subasta pública. El resultado de esa liquidación se destina, según la ley vigente, al Ministerio de Desarrollo Social.

En el otro procedimiento efectuado en Rosario, de 502 toneladas de soja, la investigación del organismo constató inconsistencias como la falta de capacidad económica del operador, así como la falta de la carta de porte electrónica, actualmente la única documentación válida para trasladar granos dentro del territorio nacional.

En este caso, la investigación que terminó con el decomiso de esta soja es resultado de la acción conjunta entre la DGI y la Aduana, y el operativo contó además con apoyo de la Gendarmería Nacional.

Se realizó una verificación física y cruce documental en un depósito fiscal donde finalmente se secuestraron los 16 camiones con patente paraguaya, que estaban por exportar la soja al país vecino.

El decomiso se generó por una investigación a cargo de la Aduana que activó el control exhaustivo de la documentación donde se requirió al exportador la ampliación de la información, así como comprobantes que respalden la legítima adquisición de las 502 toneladas de soja.

En el cruce de datos con la DGI, “se hallaron inconsistencias en la trazabilidad de los granos, y se logró identificar que se trataba de un nuevo productor observado por carecer de capacidad económica, que ya se encontraba bajo una fiscalización producto de la utilización de facturas apócrifas.”, según fuentes del organismo. Además, al momento no poseía la documentación respaldatoria obligatoria para transportar el grano, cerraron desde Afip.

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