El Gobierno nacional denunció al expresidente Mauricio Macri y a casi una decena de funcionarios de su gestión por el envío ilegal de armas a Bolivia en plena fractura institucional. El objetivo del envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el Gobierno constitucional de Evo Morales", afirma la denuncia.

La denuncia penal cuyos fragmentos fueron difundidos por la agencia de noticias Télam, indica el "envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional". La misma esta firmada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

La presentación realizada ante la justicia federal señala la presunta "comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación".

El presidente Alberto Fernández, en diálogo con Radio 10, expresó, luego de conocerse la denuncia, que el hecho de que el entonces Gobierno de Macri "acepte rupturas internacionales en otros países y colabore con los que reprimen para favorecer el golpe es de una gravedad enorme". Además, manifestó: "Sentí mucha vergüenza por que Argentina haya prestado armamento, gases lacrimógenos y gas pimienta para reprimir a un pueblo que se estaba oponiendo a un golpe de Estado".

Macri cargó las armas de la dictadura boliviana.

Según la información ofrecida por Télam, el material enviado se presume, hasta el momento, fue: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.

"La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el Gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata", manifiesta la denuncia.

Cabe señalar que las acciones llevadas adelante por el Gobierno de Mauricio Macri evidencian una maniobra para evitar informar al Congreso de la Nación la salida de material bélico del país. Así lo expresó el ministro de Justicia, Martín Soria, quien señaló que con ello incumplieron los deberes de funcionario. "El Código Penal argentino les queda chico", aseguró y enfatizó: "Macri cargó las armas de la dictadura boliviana".

Además de implicar una falta grave a los compromisos internacionales, básicamente, la colaboración manifiesta con los hechos de violencia acaecidos en Bolivia a fines del 2019, podrían calificarse como actos de lesa humanidad.

Quiénes son los implicados en la denuncia penal

La información, difundida por Télam, indica que los actos denunciados contaron con la participación de Mauricio Macri(expresidente de la Nación), Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (exembajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas) y Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC).

Además, son señalados en la denuncia Gerardo José Otero (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina).

Cómo salió a luz la maniobra

Las investigaciones sobre lo sucedido comenzaron luego de que desde la embajada argentina en Bolivia se descubriera una misiva "en agradecimiento" del entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García. La misma tiene fecha del 13 de noviembre de 2019, y da cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas. La carta fue dada a conocer el pasado 9 de julio por el canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa.

La débil defensa

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, argumentó que las armas viajaban con los gendarmes enviados para proteger la embajada argentina en Bolivia. No obstante, la cantidad de armamento enviado supera ampliamente la disponibilidad necesaria para dichos fines.

Así lo describió el ministro de Justicia, Soria, durante una entrevista a Radio 10: "Para que cada uno de los 11 integrantes (del Grupo Alacrán) que custodió la Embajada gastara esa cantidad de municiones antitumulto, debería haber tirado al menos 30 escopetazos por día adentro de la embajada", desde entonces y a lo largo de los días hasta ahora.

"Nos están tomando el pelo, no solo a los argentinos sino también a los bolivianos", subrayó Soria y además aseveró que estos hechos podrían valerle al expresidente Macri una denuncia penal internacional.

Por su parte, el canciller Felipe Solá salió al cruce de las declaraciones de su antecesor, Jorge Faurie, también implicado en la denuncia, quien negó conocer los hechos.

Si bien se dio traslado a ocho o nueve gendarmes para custodiar la Embajada argentina en ese país, no por eso "tenían que enviarse 70 mil balas", indicó Solá y destacó su postura: "No le creo a Jorge Faurie cuando dice que no sabía de esta situación. Y no le creo porque recuerdo que el 9 de noviembre de 2019, cuando Alberto Fernández era presidente electo, recibió una llamada de Evo Morales, que le decía `mi vida corre peligro´". Frente a esa situación el Gobierno de Mauricio Macri mostró "absoluta indiferencia ante el pedido de Alberto" de dar asilo a Evo Morales.

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