“Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador. Estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente; por ese motivo estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado”, afirmó el mandatario durante el anuncio que realizó en Casa Rosada junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En esta línea reafirmó que “el mejor Estado es el Estado que no es tonto, es el que cuida el patrimonio de todos, es el que no da ventajas y permite que alguien gane mucho en desmedro de, en este caso, los usuarios de estas autopistas. Lo que vamos a reclamar es que estas cosas dejen de suceder de una vez y para siempre en el Estado argentino".

“Hemos identificado claramente que a lo largo de todo este proceso lo que existieron fueron funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas”, afirmó Katopodis y agregó que “en definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma”.

Por eso, la Dirección Nacional de Vialidad -dependiente del Ministerio de Obras Públicas- presentará ante la justicia una acción de lesividad para que se declaren nulos los decretos 607 y 608 firmados durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, que ratificaron acuerdos de renegociación y tienen por objeto reconocer y cancelar una deuda bruta por parte del Estado Nacional de U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para AUSOL y U$S 272.621.570 para GCO).

En toda la documentación que motivó la suscripción y posterior aprobación de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual, “presentada en su momento como imperiosa y urgente, no aparece acreditado que hubiese una posible sentencia condenatoria para el Estado argentino” por parte del CIADI, resaltó Katopodis y concluyó que “no tenemos ninguna duda de que ese fue un argumento para justificar y avanzar con un proceso que fue oscuro, absolutamente arbitrario y que genera un perjuicio patrimonial para todos los argentinos”.

Además, el objetivo principal de esos acuerdos desvirtúa los contratos originales que surgieron de un procedimiento de licitación, cumpliendo con los principios de igualdad según la Ley 25.561 de 2002.

En los decretos firmados por el gobierno anterior también se les reconocieron a las concesionarias intereses capitalizables y beneficios respecto del pago de Impuesto a las Ganancias. Y se dolarizaron los Contratos de Concesión, en franca colisión con la pesificación dispuesta por la mencionada Ley de Emergencia.

A su vez, se fijó un mecanismo de actualización tarifaria automática semestral, más una actualización cada vez que el índice del CER superara el 10%, y se eliminó la prohibición establecida en los contratos originales respecto de que una misma persona jurídica pudiera ser accionista del concesionario y de otra empresa titular de Concesiones Viales otorgadas por el concedente.

Para hacer frente a este pretendido aumento, el Gobierno Nacional fijó en febrero de este año una tarifa 20 veces menor que lo que establecía el acuerdo. De esta manera, mientras que hoy una auto paga en hora pico y de manera manual $80 en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte, según la solicitud de AUSOL pagaría $1.830, esto es, 2.200% más.

En el caso del Acceso Oeste, un auto que hoy paga en hora pico y de forma manual $100, de acuerdo con la concesionaria pagaría $1.072, 1.000% más.

Además, las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos accesos. Pero, por el acuerdo de 2018, eso no cuenta para cancelar la deuda, lo que representa un ingreso adicional para las concesionarias.

Es importante destacar también que todas las obras ejecutadas en los accesos no se financian con la tarifa de peaje, sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos pasó a manos de ambas concesionarias. La tarifa pretendida en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios a las y los usuarios.

Por otra parte, en los decretos también se estableció que toda controversia debería ser sometida a un arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, lo que significa la renuncia a la soberanía jurisdiccional del Estado Nacional.

Dado que el Poder Ejecutivo no tiene facultad de rescindir el contrato de concesión, presentará ante la Justicia una acción de lesividad para que se declaren nulos los decretos mencionados, ante la presencia de numerosos vicios que nulifican de manera absoluta e insanable los Acuerdos de Renegociación y que en todos los casos se fijaron ventajas inaceptables para los concesionarios y desventajas muy gravosas para el Estado y para los usuarios.

Fuente: Casa Rosada