Tal cual lo anuncia el título, Argentina tiene un impuesto más: el "impuesto al viento”, cuya creación aprobó el Concejo Deliberante de la ciudad de Puerto Madryn, tributo que deberán abonar aquellas empresas que producen energía eólica. Este gravamen se aprobó en enero de 2020, pero recién se agregó en noviembre al presupuesto y que se aprobó por unanimidad.

En un principio, el impuesto equivaldría al 4,5% de la facturación de las empresas que producen este tipo de energía, pero las críticas de los empresarios provocaron un cambio en el monto, que ahora se definirá por la superficie y no por la facturación de las firmas en general.

Visto que los parques eólicos estaban emplazados fuera del ejido municipal, luego de una evaluación, los concejales decidieron extender el gravamen, para abarcar también zonas rurales para que las plantas allí instaladas tributen.

Desde de la Municipalidad de Puerto Madryn emitieron un comunicado en el cual se indica que “si bien todavía se están haciendo los cálculos para conocer cómo podría impactar en cada compañía, se estima que el monto es significativo, por eso la medida preocupó a todo el arco empresario de las energías renovables”.

Estos parques eólicos, que muchas empresas instalaron en la Patagonia, fueron impulsados durante la presidencia de Mauricio Macri. El lugar perfecto para instalar este sistema de molinos ya que en esa zona del país hay fuertes vientos.

Existe una fuerte controversia con respecto a esta tasa, ya que las empresas de energía eólica aducen que en realidad es un impuesto, ya que no presta ningún servicio, y lo que perciben los municipios debe tener una contraprestación. Las firmas más afectadas son los predios que tienen Aluar y Genneia, la firma, cuya conducción, ejerce Jorge Brito hijo.

Tanto la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), como Cámara Eólica Argentina (CEA) realizaron fuertes descargos, adjuntando documentación respaldatoria para proceder al reclamo de esta medida.

Desde CADER se advirtió que “la ordenanza afecta inversiones de muy largo plazo que necesitan de una absoluta estabilidad fiscal”.  En tanto que la CEA envió una carta a la Legislatura de Chubut en la que manifiesta su descontento porque “como dijo la Corte Suprema de la Nación, al cobro de una tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente”.

Gustavo Sastre, es el intendente de Madryn y con respecto al reclamo empresario por el "impuesto al viento" dijo que "el término no existe, lo que se les cobra es la misma tasa que pagan los vecinos que tienen comercios". Luego agregó que "no se trata de ningún impuesto al viento, sino de la tasa de Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental que utiliza como base imponible la potencia unitaria que posee cada aerogenerador. Es importante dejar en claro que no es sobre la producción de energía", aclaró el intendente.

Las empresas aducen que los impuestos municipales son anticonstitucionales y que, en el momento de emplazar estos parques eólicos, se incentivó por ley donde se indicaba expresamente que estaban eximidos de “cualquier clase de tributo específico, canon o regalía”.

Por otra parte, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, se refirió al "impuesto al viento manifestando que   mientras dure su mandato en la ciudad no van a imponerlo" y resaltó que "nosotros somos una ciudad productiva y buscamos permanentemente atraer inversiones"