Llama poderosamente la atención el gigantesco operativo de seguridad impuesto en torno al edificio de los Tribunales Federales de Comodoro Py, como si se esperara un atentado o la presión multitudinaria desbordada: doble vallado, en algunos lugares triple, entrada alternativa para los jueces, más de 200 efectivos, bomberos, brigadas de explosivos, un blindaje total, una vergüenza.

Tal como lo anunciamos en anteriores notas, las miradas en FdT estaban puestas en la actitud que tomaría el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien ayer por cadena nacional anunció que ordenó la investigación penal del escándalo de los chats entre jueces y empresarios.

Asimismo, instruyó al Dr. Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura, para que solicite “la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales involucrados.

Por su parte, el Partido Justicialista (presidido por Alberto Fernández) apuntó contra el Poder Judicial y aseguró que la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa Vialidad "ya está escrita y fue redactada por el partido judicial sin respetar las instituciones".

"En las últimas horas quedó expuesto de forma contundente lo que desde el Partido Justicialista Nacional condenamos enérgicamente: el modus operandi de ciertas corporaciones que operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, impulsando la persecución de aquellos que los enfrentan", escribió el PJ en sus redes sociales.

En ese sentido, desde el PJ señalaron que "la compañera Cristina Fernández de Kirchner lo sufrió: sus garantías constitucionales no fueron respetadas".

"La sentencia ya está escrita y fue redactada por el partido judicial sin respetar las instituciones y actuando con prácticas mafiosas. La causa es una mentira", completó el texto.

Mirá el video sobre la persecución politico judicial: https://youtube.com/shorts/HyR76wwoEss?feature=share

El juicio oral a la vicepresidenta y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 tendrá sentencia esta mañana, con reclamos de absolución por inexistencia de delito por parte de las defensas y pedidos de condenas de hasta 12 años de cárcel desde la fiscalía.

Este domingo se hicieron públicos chats y audios que intercambiaron con directivos del Grupo Clarín, funcionarios del Gobierno porteño y exagentes de inteligencia, tras compartir en octubre un viaje a la estancia del magnate inglés Joe Lewis, dueño de una extensa propiedad que linda con el Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, y ha generado un sinnúmero de reclamos, incluso judiciales, dado que no permite el acceso a dicho espejo de agua sin su autorización.