Está previsto que hoy por la tarde exponga sobre el nuevo proyecto de ley de biocombustibles impulsado por el oficialismo, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en el marco de la reunión de las Comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

En el día de ayer venció la Ley 26.093 que regula el régimen de biocombustibles vigente desde 2006 y que fue prorrogada por decreto presidencial por 60 días, para dar lugar al debate de la nueva propuesta presentada por los diputados del Frente de Todos, Omar Félix y Marco Cleri, entre otros firmantes.

El proyecto de ley oficialista comenzará a ser tratado por los legisladores en Comisiones, no obstante, ya desde antes de ser oficialmente presentado en la Cámara Baja, distintos sectores involucrados con la producción de bioetanol y biodiesel se pronunciaron en contra. Ahora, apoyados también por los legisladores de Juntos por el Cambio. Específicamente se oponen a la reducción del corte mínimo de biodiesel para su mezcla con combustibles fósiles.

En contrapartida, entidades productoras y funcionarios se pronunciaron en apoyo a la nueva ley impulsada por el Frente de Todos, por favorecer a las pymes y establecer un marco regulatorio más transparente y ajustado.

En este sentido, cabe mencionar que el proyecto prevé una reducción del corte de biodiesel pasando del actual 10% al 5%, pero con la salvedad de que este puede ser incrementado o reducido a un mínimo del 3%. Mientras tanto, el corte de bioetanol se mantieneen 12 %, 6% a base de caña de azúcar y 6% a base de maíz.

Así, la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, órgano de aplicación según el proyecto, podrá elevar el porcentaje mínimo obligatorio "cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas", indica el texto de la propuesta legislativa. O podrá reducirlo hasta el 3% "cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras".

El proyecto, que establece que la normativa rija hasta 2030 con la posibilidad de ser prorrogado, por única vez, 5 años más, mantiene beneficios impositivos para el biodiésel y el bioetanol pues no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2). Y el precio será determinado por la autoridad de aplicación, para garantizar la rentabilidad teniendo en cuenta los costos para su producción.

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