El Gobierno nacional envió ayer al Senado el proyecto de Ley Emergencia Covidque establece parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos para tener en cuenta a la hora de definir las acciones de mitigación viral. Además determina las facultades del Presidente y de los gobernadores para dictar medidas de cuidado de la población.

Antecedentes

El presidente Alberto Fernández ya había anunciado a fines de abril, durante la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que actualmente rige en todo el país, el envío al Congreso de una iniciativa legislativa que, basada en "criterios científicos claros y precisos", faculta al Ejecutivo nacional y a los gobernadores para aplicar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional en tiempos de pandemia.

En este contexto, el proyecto fue elaborado por Nación recupera el esquema de riesgo epidemiológico ya presentado en los últimos dos decretos anunciados por Fernández; y brinda la posibilidad de segmentar, de acuerdo a la situación sanitaria actual y de los últimos 14 días, un espacio sociodemográfico determinado.

Ingreso al Senado con miras a Diputados

El Proyecto ingresó ayer por la tarde en el Senado y fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara Alta. Lo que pretende el Ejecutivo es alcanzar rápidamente un dictamen favorable para que se produzca lo antes posible su sanción. En este contexto, el Gobierno busca que la iniciativa comience a aplicarse desde el 22 de mayo, fecha en la que caduca el actual DNU, y que su duración se extienda hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en que vence la actual Ley de Emergencia Sanitaria.

En diálogo con el Canal C5N el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, habló sobre el tema y apuntó directamente contra la oposición. Sobre el rechazo de Juntos por el Cambio hacia el proyecto dijo:  "Si ellos tienen que cumplir con algún mandato desde Miami, es un problema que lo tendrán que resolver con su conciencia y con el pueblo argentino". "Le decimos a la oposición que tienen ahora un momento y un tiempo para ser constructivos en la pandemia", enfatizó Cafiero.

El ABC de la emergencia COVID-19: ¿Qué propone el Ejecutivo?

El oficialismo pretende "reglas generales para todo el país" en las que se incluyen medidas de prevención, como uso obligatorio de barbijo, ventilación; y luego, la segmentación por riesgo epidemiológico. Aclararon que este proyecto "no distingue entre zonas geográficas, sino que establece criterios estrictos, parámetros epidemiológicos conforme a los cuales las jurisdicciones y el Gobierno federal, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para mitigar la propagación del virus".

En este contexto, en las zonas de bajo riesgo, "se aplicarían las conductas generales de prevención", y de acuerdo con diversos criterios sanitarios, que contemplan entre otros puntos la incidencia de casos, se va subiendo en la escala de las medidas. En sitios donde hay "riesgo medio" aparecen nuevas restricciones, como por ejemplo la imposibilidad de realizar reuniones en casas particulares. En los lugares con "alto riesgo" se agrega por ley la prohibición de las reuniones familiares, el cierre de salones de fiesta y de salones gastronómicos, prácticas recreativas en lugares cerrados, bingos, reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación. También, llegado el caso, cabe la posibilidad de aplicar medidas adicionales por parte de los gobernadores.

¿Qué pasa si las medidas aplicadas no funcionan? Tal como dio a conocer Télam, según fuentes gubernamentales, el plazo para su evaluación son 21 días, y si las mismas no presentan buenos resultados, se da potestad al Gobierno nacional para tomar nuevas acciones y evitar así caer es un estado de alarma, el cual se identifica con la cercanía de una saturación del sistema sanitario. ¿Qué se hace en esta circunstancia?  Desde el oficialismo explicaron que se procede al cierre de ferias y shoppings, circulación limitada a partir de las 20. En esta etapa, el Poder Ejecutivo está autorizado a tomar medidas adicionales, entre las que se distingue la posibilidad de que quede suspendida la presencialidad en determinados sectores hasta que se pase a un estado inferior de peligro. Además distinguieron que este estado sólo puede regir para conglomerados de más de 300 mil habitantes, mientras que en los lugares de menos de 40 mil se aplican las reglas generales y las decisiones adicionales de gobernadores.

Aclaraciones, excepciones e incumplimientos

Desde la Rosada insistieron en que el proyecto solo se faculta al Gobierno federal cuando las medidas adoptadas en un escenario de riesgo alto "no hayan funcionado como se esperaba o en el contexto de una situación de alarma". Las acciones de intervención deberán disponerse de manera "razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores y con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", le aclararon fuentes del oficialismo a Télam. Sobre posibles incumplimientos o judicializaciones de la futura ley, desde Nación insistieron en la fortaleza que se conseguirá con el debate parlamentario.

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