Un grupo de organizaciones plantearon hoy el reclamo público para que “se respeten los derechos ambientales con el cumplimiento de las regulaciones del uso de agrotóxicos en campos cercanos poblaciones y establecimientos educativos”.

En ese sentido se expresaron por medio de un comunicado la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, la Fundación Carrillo Chaco, el Observatorio de Conflictos Sociales del NEA de la UNNE, el Comité de Bioética del Hospital 4 de Junio, UTrE - Ctera, Unidad Ciudadana y el partido Frente Grande.

Los referentes de esas organizaciones se reunieron el sábado en Presidencia Roque Sáenz Peña con ciudadanos de zona rural y urbana de los municipios de Campo Largo y de Avia Terai afectados por las fumigaciones ilegales que se realizan.

Adopten medidas de respuesta urgentes ante las denuncias.

También aseguraron que además de “acompañar los reclamos de los vecinos de esas localidades y otras del sudoeste de la provincia", van a exigir ante autoridades de la Subsecretaria de Ambiente, los controles necesarios, la aplicación de la ley de Biocidas -productos para el control y la eliminación de plagas-, de Residuos Peligrosos, leyes ambientales provinciales y la ley general del ambiente de la Nación”.

Por otra parte, pidieron a las autoridades provinciales que “adopten medidas de respuesta urgentes ante las denuncias, facilitando el relevamiento de datos, información y muestras para constatar las infracciones denunciadas y aplicar las restricciones y/o sanciones correspondientes”.

La policía es reticente a tomar la denuncia a las personas afectadas, como también de actuar in situ de manera urgente.

“Se repite, desde hace años en la mayoría de los pueblos fumigados, el hecho que la policía es reticente a tomar la denuncia a las personas afectadas, como también de actuar in situ de manera urgente para constatar los hechos denunciados”, agregaron

Los ambientalistas dijeron que las fumigaciones “pueden generar no sólo daños a cultivos, colmenas, la flora y la fauna, sino también intoxicación aguda o crónica a las personas expuestas, por lo tanto dar lugar delitos previstos en la ley nacional N° 24.051”.

Además, las entidades que defienden las condiciones de salud del ambiente observaron “la dilación que existe entre la denuncia ante la Subsecretaría de Ambiente, los trámites del expediente y la aplicación de sanciones a los infractores”.

Con estos argumentos acordaron “solicitar a los agentes de la Dirección de Fiscalización Ambiental que en sus actuaciones den intervención a funcionarios de la Administración Provincial del Agua, el Ministerio de Salud Pública y las oficinas ambientales de los municipios involucrados para la toma de muestras de agua y análisis de residuos de plaguicidas”.

Fuente: Telam