Era 8 de diciembre de 2019. Faltaban dos días para que Mauricio Macri le pasara la banda presidencial a Alberto Fernández y una misa frente a la Catedral de Luján los reunió a ambos, bajo el sol radiante de finales de la primavera. El momento ofreció una escena irrepetible: el entonces presidente electo le compartió a Macri su vaso de su predilecta gaseosa de pomelo, quien a su vez le convidó a Juliana Awada, para luego devolvérselo a Alberto, quien luego le ofreció el mismo vaso a Fabiola. El país podía fantasear, no digamos con un fin de la grieta, algo no necesariamente deseable, pero sí con un cambio en las formas en que esta se expresa. El Covid-19 era una realidad restringida a la ciudad china de Wuhan.

Si la tempestad que vendía meses después, con 5 millones y medio de muertos en todo el mundo, desplome económico e inestabilidad política era un evento imprevisible, un llamado cisne negro; la continuidad de la grieta en los mismos términos de siempre era algo previsible. La primavera albertista duró hasta entrado el otoño de 2020. Los primeros en iniciar la ofensiva opositora fueron los llamados halcones de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich a la cabeza. Del lado del gobierno, la decisión de estatizar a la granera Vicentín fue interpretada desde la vereda de enfrente como el fin de cualquier posibilidad de moderación.

La pandemia inicialmente sirvió para que Alberto fortaleciera su liderazgo, alcanzando una aprobación del 80% en el momento de conmoción nacional. Pero luego quedó claro que no era ajeno a las dificultades que suponía para la gobernabilidad en cualquier país del mundo. Visto en perspectiva, con la salida de Trump, la caída en desgracia de Piñera en Chile, las turbulencias en Brasil, el escándalo actual en Gran Bretaña, los malos desempeños electorales de los oficialismos en general, con un combo de recesión seguida de recuperación con inflación a nivel global, ahora resulta claro que la pandemia presuponía un escenario de crisis en donde lo más importante era atravesar la tempestad, llegando a puerto seguro, en malas condiciones, pero llegando.

En un momento excepcionalmente malo, con crisis y endeudamiento heredados, con la crisis multifacética de la pandemia, sin un contexto internacional favorable, con una feroz polarización interna y urgencias por todos lados, el Gobierno abrió numerosos frentes en solo dos años. En muchos casos, sin ir a fondo con ninguno. Por estos días, mientras la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)resulta la madre de todas las batallas, el oficialismo convoca a una manifestación contra la Corte Suprema, con el alto grado de conflictividad política e institucional que ello supone.

En ese escenario, llegamos a dos meses del límite para cerrar un acuerdo de renegociación de la deuda con el FMI y el oficialismo no ha logrado unificar sus propias filas con un mismo discurso en relación al tema deuda. Por supuesto que la oposición juega de manera irresponsable y como si no tuviese nada que ver con el tema, ni hubiese tomado un préstamo impagable. Pero las divergencias hechas públicas sobre la deuda en el seno de las fuerzas que componen el Frente de Todos daña la propia capacidad de lograr acuerdos con otros actores, incluyendo al propio Fondo. Como dijo el ex viceministro de Economía de Cristina, Emmanuel Álvares Agis, en entrevista radial a Iván Schargrodsky, resolver las discrepancias internas de manera pública debilita la propia posición.

El Gobierno tampoco ha sido coherente en su relación con Estados Unidos. El país gobernado por Joe Biden es el principal accionista en el FMI, al punto de que es el sucesor de Trump la última gran esperanza del gobierno para lograr su objetivo de una renegociación con menos ajuste. A pesar de que la portavoz Gabriela Cerruti afirme que la negociación no es con Estados Unidos, sino con el Fondo, lo cierto es que el Gobierno depende de la influencia de Biden para torcer la voluntad de aquel.

Argentina intentó mantener una línea de autonomía respecto a Estados Unidos, como si no se tratase de un momento histórico de extrema debilidad para el país y en cambio estuviésemos en los prósperos dos mil, con mayores márgenes para una política exterior autónoma. La presidencia de la CELAC por parte de Argentina es la última de las malas señales enviadas desde la Rosada. La CELAC fue creada como un contrapunto a la Organización de Estados Americanos (OEA), es decir, como un contrapeso a Estados Unidos. Y es por medio de la CELAC que China pretende hacer uno de sus ingresos más importantes a la región, el de la tecnología 5G.

La competencia entre los dos gigantes mundiales por el 5G es uno de los grandes temas de la agenda internacional y, por comprender temas que van más allá de los negocios y abarcan aspectos sensibles de defensa, Washington hace uso de su poder de manera bastante agresiva para vetar la tecnología de su competidor. Esta semana se conoció un video en donde el ex ministro de Empresa e Industria británico, Vince Cable, reconoció que su país vetó al 5G de Huawei (China) por pedido de Estados Unidos.

Según el periodista Roman Lejtman en su columna de Infobae, el canciller Santiago Cafiero en su visita a Estados Unidos de la semana entrante podría prometer a la Casa Blanca que Argentina no implementará la tecnología 5G de origen chino, que está descartada la compra de armamento a aquel país y que en cambio sí suscribirá la Ruta de la Seda en América Laitna, una iniciativa de inversiones en infraestructura como la que el gigante ha implementado en Asia.

En este contexto, ¿cabe pensar que si Estados Unidos le da la espalda a la Argentina en el tema deuda estará dejando a nuestro país “del lado de China”? Esa idea es la que plantea una fuente anónima del periodista Augusto Taglioni, del portal La Política Online,  en el marco del viaje de Alberto Fernández a China y Rusia previsto para comienzos de febrero: “Si hipotéticamente Estados Unidos decidiera tener una política más ofensiva con nosotros, tiene que saber que nos damos vuelta y tenemos a Rusia y China”.

La coyuntura política en que se da la negociación de Argentina con el FMI está cruzada por las disputas internacionales entre Estados Unidos, de un lado, y China y Rusia del otro. Tensiones de largo plazo, pero acentuadas en este momento a nivel militar en Ucrania y potencialmente en el mar de China.

La coyuntura económica, por su parte, es la de un mundo que no terminó de reacomodarse luego de la crisis financiera de 2008 y que ya ha entrado en una nueva fase con la pandemia de Covid-19. Ciclos de crecimiento y crisis al margen, la economía global no tiene más el amplio consenso pro mercado que supo tener desde la caída del Muro de Berlín hasta 2008.

Joseph Stiglitz, que esta semana publicó un artículo apoyando la postura argentina ante el FMI, es un exponente de la ruptura del consenso pro mercado. Ex presidente del Banco Mundial, y antes asesor del expresidente Bill Clinton -quien inició el ciclo de crecimiento económico neoliberal de los noventa-, es un crítico de lo que él llama “fundamentalismo de mercado”. Nuevas voces y movimientos políticos han surgido en estos años como resultado del quiebre de 2008. Es en el marco de ese consenso neoliberal roto -pero dominante aún- que la renegociación de deuda argentina tiene lugar.

El principal argumento de Stiglitz en su nota de la semana pasada no es el “milagro argentino” que habría conseguido Alberto Fernández y que se llevó todas las tapas y comentarios. El principal argumento es que la propia reputación del Fondo y el conjunto del sistema financiero está en juego en esta renegociación. Para Stiglitz, el Fondo ha mejorado su imagen internacional, pero ello se iría agua abajo en caso de que Argentina tenga que afrontar un severo ajuste como consecuencia de un crédito que, por su volumen, situación del país receptor y vencimientos concentrados en el corto plazo, estaba viciado desde el origen.

Quedó atrás el mundo donde cuatro figuras públicas podían compartir un mismo vaso y que no pase de una anécdota, y el país donde podía pensarse en una morigeración de la llamada grieta. Si Argentina tenía urgencias económicas y sociales al finalizar 2019, desde marzo de 2020 esas urgencias se agudizaron.

Deuda, dólar e inflación, temas cruciales para pensar en la reelección, pero también la subsistencia, en un país con 40% de pobreza. Temas estrictamente económicos, pero que necesitan primero del ordenamiento político.

Multiplicidad de frentes abiertos, discrepancias hechas públicas y pretensión de autonomía externa en un momento de suma fragilidad. El gran tema de la deuda con el FMI se vincula directamente con otro gran problema, tal vez el más importante que deba resolver el Gobierno de cara a las presidenciales del año que viene, la inflación. Si hay acuerdo o no, o si hay una postergación de las definiciones, todos los escenarios van a influir de una forma u otra en la cotización del dólar y la consecuente inflación. Como suele decirse, en Argentina, gobernar es gobernar el dólar. 

Deuda, dólar e inflación, temas cruciales para pensar en la reelección, pero también la subsistencia, en un país con 40% de pobreza. Temas estrictamente económicos, pero que necesitan primero del ordenamiento político. Este último a su vez está dificultado por la ausencia de un liderazgo fuerte.

Argentina, país en el mundo que ha sabido levantarse de sucesivas crisis económicas, tierra de promesas y de milagros, enfrenta ahora un nuevo test de supervivencia.

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