La Delegación de Santiago del Estero del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), junto al Ministerio de Trabajo de la Nación y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), realizaron un procedimiento de inspección en un campo donde se estaban realizando tareas de desmonte. Por medio de este trabajo se encontraron 35 trabajadores sufriendo claros indicios de explotación laboral. Además, había en el lugar un niño de 14 años acompañando a su padre, otro de 15 años junto a su hermano y dos menores de 17 años.

Ninguno de los trabajadores relevados se encontraba registrado en los organismos de seguridad social, recibían un pago de entre 500 y 600 pesos por trabajador por hectárea desmontada y, de este monto, les descontaban la comida, los traslados, los elementos de higiene y hasta el hielo para refrigerar los elementos.

Otra de las situaciones graves descubiertas fue que los trabajadores permanecían hacinados en carpas armadas con postes y lonas de plástico que compartían entre cinco o seis trabajadores. No disponían de instalación eléctrica, cocina, heladera, instalaciones sanitarias ni acceso al agua potable.

La Fiscalía Nro 2 de la provincia dio intervención para el allanamiento a la Gendarmería Nacional la cual contó con el acompañamiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincial.

El Secretario General de la Uatre y Director de Renatre, José Voytenco, resaltó el valor de los controles regulares: “Hay que subrayar la importancia que tiene la fiscalización del trabajo, porque nos permite detectar a trabajadores víctimas de explotación laboral y rápidamente iniciar las acciones correspondientes ante la justicia. Esas acciones se realizan junto a otros organismos estatales y a través de un trabajo articulado permiten avanzar en la restitución de los derechos de los trabajadores”. A esto se sumó Carolina Llanos, Directora de Renatre y miembro de Secretariado Nacional de la Uatre, quien resaltó que el “trabajo de fiscalización es fundamental para asegurar el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores rurales, basándonos en los derechos humanos fundamentales”.

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