Hace dos días, a través de una carta firmada por el ministro de Producción de San Luis, Juan Lavandeira, se le respondió a los productores autoconvocados de diferentes puntos del país, que estuvieron manifestándose en reclamo de mayor fluidez para ingresar a la provincia a cargo de Rodríguez Saá. Ahora, la Federación Agraria de Córdoba salió con los botines de punta para contestarle, y con un tono aún menos conciliador lo hicieron también desde Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona), que nuclea a Asociaciones de Productores y Sociedades Rurales de Córdoba, La Rioja, Catamarca y sur de San Luis.

Fue a través de un comunicado oficial, donde se incluye a las organizaciones de base que conforman el Distrito IV de la Federación Agraria Argentina, filiales, centros juveniles agrarios y entidades adheridas pertenecientes a la región centro y sur de Córdoba, que desde la Federación expresaron su "absoluto repudio" al establecimiento de aduanas internas dispuesto por la provincia de San Luis.

Desde la institución argumentaron que esta medida no permite el tránsito de productores, contratistas rurales, transportistas y profesionales vinculados a la producción agropecuaria, así como también el de todas aquellas personas que necesitan moverse entre ambas provincias, y por este motivo manifestaron su apoyo y solidaridad hacia todos los productores de alimentos que se vieron perjudicados por las medidas determinadas por Rodríguez Saá. En este contexto, instaron al Gobernador a que se abra al diálogo para poder lograr el ingreso, ordenado y responsable, de los trabajadores a través de protocolos que cuiden la salud de los puntanos y de las familias de los productores, pero que a la vez permitan el desarrollo de la actividad, la cual declararon como esencial a través del decreto presidencial N° 260 del 12 de marzo.

Para dejar aún más en claro su petitorio, argumentaron que los gobiernos provinciales, como el de San Luis, no pueden establecer normas o reglas que "contradigan el espíritu de una norma nacional y mucho menos el de la Carta Magna, la Constitución Nacional", viéndose así limitados los derechos de fluidez en la circulación y en el trabajo, ni tampoco se pueden instalar aduanas internas. En este marco, le solicitaron al Gobierno en cuestión que "no avance arbitrariamente sobre aspectos sobre los que no tiene facultades", y abriendo su pedido, le requirieron a la Nación que colabore y disponga los medios para "garantizar el cumplimiento de las normas y que todos los argentinos podamos ejercer nuestros derechos".

Quienes también se hicieron escuchar, una vez más, fueron las asociaciones agrupadas en Cartez a través de un fuerte comunicado, en donde dejaron en evidencia su descontento frente a las medidas implementada por el Gobierno de San Luis y su preocupación, ya que consideran que bajo "el pretexto del escudo sanitario por la pandemia" se toman medidas arbitrarias que violentan derechos constitucionales.

El documento, firmado por Javier Rotondo, presidente de Cartez, apunta también contra el Gobierno nacional, ya que aprovechando el escrito, explicó su desacuerdo frente a las decisiones tomadas por Nación respecto a Vicentin, la economía actual del país en época de pandemia, y la aprobación de la reforma judicial.

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