La medida, persigue estimular las liquidación de granos de soja por parte de los productores, estimada en alrededor de las 16,8 millones de toneladas, y así generar la entrada de dólares que el gobierno necesita para la economía nacional.

También se busca acelerar la liquidación de exportaciones por parte de las empresas agroexportadoras, que en el acumulado en lo que va del año presentan una caída de casi el 13% respecto a los primeros 9 meses del año 2019 al totalizar US$ 15.133,768 millones.

Durante septiembre las empresas del sector liquidaron 1.787.449.659 dólares, un monto un 14,62 % inferior en comparación interanual.

En la publicación del Gobierno nacional, se detalla que en el caso de granos (poroto) de soja, las retenciones se reducirán tres puntos porcentuales desde el 33% que se aplicaba hasta la fecha al 30% a partir de este mes de octubre.

Mientras que, a partir de noviembre, la alícuota será del 31,5% y en diciembre del 32%; y en enero próximo, la retención volverá a ser del 33%.

En el caso de los aceites, por ser productos con valor agregado industrial, la reducción pasa en octubre del 33% al 27% o 28% dependiendo del producto, que convergerá del 30% al 31% en enero de 2021, estableciendo un “diferencial” o brecha que diferencia el monto de carga impositiva entre los productos industrializados y las materias primas o “commodities” del agro.

En el caso del biodiésel, la alícutoa se rebaja del 30% al 26% en octubre para culminar en un 29% en enero de 2021.

Desde el agro, las medidas fueron vistas como un “parche” e insuficientes ante la enorme brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar de la calle (blue) o el dólar “soja”(que pasa ahora de $50 a $53), que recibe el productor por sus granos cuando debe enfrentar costos de producción a un dólar de $145.

Desde La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) comunicaron que las medidas “significan un reconocimiento del Poder Ejecutivo de que la carga tributaria es elevada”. La entidad apoya, en ese sentido, los esfuerzos del Consejo Agroindustrial Argentino en su propuesta de reducción y eliminación de derechos de exportación.

Justamente, desde el Consejo Agroindustrial Argentino consideran que las retenciones son un “impuesto distorsivo y restrictivo que dificulta la expansión de la producción primaria así como la industrialización competitiva frente a competidores que no aplican estas políticas”.

Y afirmaron además con respecto a los diferenciales aplicados a los productos con valor agregado industrial que, “La medida del Gobierno, relativa a la baja de derechos para productos industrializados de la soja, es un paso correcto en intentar equiparar la carga tributaria de los productos finales a la materia prima utilizada en el proceso, como lo ya aplicado para otras cadenas de valor como el trigo, el maíz, el girasol y el ganado bovino”.

Por su parte, CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), expresó en un comunicado titulado “Sin rumbo”: “se sigue perseverando en el error, ante la desesperada demanda de divisas por parte del Gobierno, de modificar las reglas de juego permanentemente sin planificación alguna”.

El presidente de dicha entidad, Matías de Velazco, declaró, además, que las medidas “ratifican una clara transferencia de recursos de los productores a otros sectores de la economía y no hacen más que desincentivar la inversión y aumentar el descreimiento”.

Y alertó, “Si se buscan resultados distintos, no hay que hacer siempre lo mismo. Y el Gobierno sigue haciendo lo mismo, por eso advertimos que los resultados serán los mismos que los productores ya hemos vivido”.

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Fuente: Télam.