Doce directivos de la agroexportadora Vicentin serán imputados este jueves en la Justicia Penal de la ciudad de Rosario, por el delito de asociación ilícita en carácter de autores, mientras que los tres síndicos del concurso preventivo de la compañía serán acusados de encubrimiento.

Las acusaciones que elaboró el fiscal de Delitos Complejos y Económicos de Rosario, Miguel Moreno, se producirán en la causa por la que los directivos fueron imputados por posible defraudación y estafas en octubre de 2021, precisaron fuentes oficiales.

La audiencia será con los acusados en libertad, por lo que no será dirigida por un juez penal, indicaron a Télam desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal Moreno convocó a los directivos de Vicentin Daniel Buyatti; Alberto Macua; Roberto Gazze; Máximo Padoan; Cristián Padoan; Martín Colombo; Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin; Yanina Colomba Boschi; Omar Scarel; Javier Gazze y Miguel Vallaza para las 14 en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Según adelantaron voceros del caso, los acusará formalmente por el delito de asociación ilícita, en el marco de la causa por defraudación y estafas iniciada tras la cesación de pagos de la agroexportadora, en diciembre de 2019.

Los mismos directivos ya fueron imputados por presuntas estafas y defraudación en octubre de 2021.

El fiscal Moreno considera que fueron responsables de maniobras con los balances de Vicentin SAIC, la firma concursada en febrero de 2020, para ocultar la verdadera situación financiera de la empresa.

De esa manera, según la acusación, la compañía continuó recibiendo granos de sus clientes y obtuvo créditos para prefinanciación de importaciones del Banco Nación hasta unos días antes de caer en default.

Además, el fiscal acusará a los síndicos del concurso de Vicentin, Norberto García, Diego Telesco y Carlos Amut, por presunto encubrimiento de las maniobras irregulares endilgadas al directorio.

Moreno considera que los síndicos pasaron por alto en su informe general los señalamientos de esas irregularidades realizados por la auditoría forense encargada por el juez del concurso, Fabián Lorenzini.

Las nuevas imputaciones a los directivos de Vicentin, cuyo pasivo concursal verificado ronde los U$S 1.500 millones, se producirán dos días después de que se conocieran las impugnaciones del Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la propuesta de pago presentada por la empresa al juez, que en los próximos días debe resolver si homologa el acuerdo o lo rechaza.

La opinión de Eduardo Buzzi:

"La justicia actúa en este caso como corresponde, aunque tal vez muy tardíamente, pero mejor tarde que nunca. Por fin se empieza a orientar hacia un horizonte de posibles castigos a quienes claramente cometieron fraude al Estado, que habían usado dinero del Banco Nación en acciones ilícitas y estafaron a miles de pequeños productores, perjudicando de esa manera también a miles y miles de trabajadores."

"Esta acusación de asociación ilícita y estafas no hace más que darnos la razón a ese grupo de 'marcianos' que en junio de 2020, en plena pandemia, cuando el presidente Alberto Fernández anunció intervención y confiscación, apoyamos sin dudar la posición del gobierno."

"Lamentablemente, el gobernador Perotti y sus ministros no ayudaron, pese a que estaba en juego el producto del esfuerzo de miles de santafesinos, productores y trabajadores. Además, los grandes medios y comunicadores al servicio del poder económico concentrado salieron a hacer una campaña de defensa de la 'propiedad privada' como si el resultado del trabajo de los pequeños y medianos productores y el salario de los trabajadores no fuera también su 'propiedad privada'”.

"Al presidente lo dejaron solo y, debo decirlo, pensé que igualmente iba a ir al frente con su anuncio, pero evidentemente solo quedó en declaraciones.!

"Las pocas voces que tuvimos la valentía de salir a favor de la posición oficial de intervención y confiscación, lo hicimos proponiendo que se constituyera una empresa mixta Estado-Cooperativas de Productores, la cual podría controlar el 10% de la comercialización de granos de la Argentina y transformarse así en una empresa testigo, condicionando fuertemente a las multinacionales que hasta el día de hoy siguen controlando el comercio exterior con grandes pérdidas para nuestro país por la evasión que perpetran."

Fuentes: TÉLAM y Redacción El Agrario