Las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en semilleros venían percibiendo el aumento del 75% gracias a la Resolución 159/2022. Con el nuevo acuerdo firmado con la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA)se establece un aumento no acumulativo del 19,8% a partir del 1° de enero de 2023, marcando un incremento anual del 94,8%, sosteniendo el valor del salario tras una inflación del mismo porcentaje durante el año pasado.

De esta manera, el jornal para el trabajo en planta para el personal permanente continuo y discontinuo y temporario que realiza tareas de selección y picoteo se fija en $12.122,40.

Fuentes sindicales consideraron haber llegado a un buen acuerdo para los trabajadores semilleros, ya que el porcentaje anual obtenido le permite a los trabajadores y trabajadoras rurales no perder su poder adquisitivo.

Este importante acuerdo de la UATRE con los representantes de ASA, en cuanto a las variaciones registradas en nuestra economía en 2022, no implica que se deje de analizar la situación económica. A tales fines, está previsto un nuevo encuentro en abril próximo con la intención del gremio de obtener los incrementos que se consideren necesarios.

Es una muy buena noticia la predisposición deASApara acordar con laUATREeste ajuste salarial, sobre todo teniendo en cuenta que últimamente los representantes empresarios en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) no han sido permeables a las justas demandas de la organización gremial.

No obstante, como ya hemos señalado en varias oportunidades, la UATRE no está exenta de los mismos inconvenientes que encuentran la mayoría de las organizaciones gremiales, debiendo conformarse con sostener el poder adquisitivo de los salarios compitiendo contra la inflación, un mal endémico de nuestra economía.

La discusión que sigue quedando pendiente es el reparto de la “torta”, la distribución del ingreso.

Para lograr ese avance se necesita mucho más que la vocación de lucha de los gremios, también hace falta una fuerte política del estado en esa dirección y una actitud de responsabilidad social por parte del sector empresario.

En algunas actividades, como las rurales, la incidencia de los salarios es mínima en los costos empresarios, lo cual implica que los trabajadores y las trabajadoras podrían tener salarios mucho más altos sin poner en riesgo la rentabilidad empresarial.

Obviamente, no todas las actividades tienen el mismo grado de intervención de mano de obra, de calificación y de rentabilidad. Hay que ser serios en esta como en tantas cuestiones, pero esas particularidades justamente hacen imprescindible la intervención de los órganos del Estado destinados a proteger la calidad de vida de los ciudadanos.

Y como solía decir el ya legendario “Momo” Venegas: “Los trabajadores rurales no son ciudadanos de segunda”