El juez Fabián Lorenzini, de la localidad santafesina de Reconquista que lleva el concurso preventivo de  Vicentin y que el viernes pasado había apartado a los interventores dispuestos por el gobierno, dejándolos como “veedores”, rechazó un nuevo planteo suspensivo que había solicitado la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) santafesina sobre la resolución adoptada el viernes pasado, mediante la cual devolvió la administración de la empresa a su directorio.

La provincia de Santa Fe había solicitado que se suspendan los efectos de la resolución (que reintegró la administración a los directores de la sociedad), “hasta que el juez resuelva la presentación que hicimos para intervenir la empresa”, según declaró a Telám una fuente oficial.

Así, el magistrado resolvió abrir un "incidente", que en términos jurídicos, representa la apertura de un expediente paralelo dentro del concurso de acreedores, con la solicitud de intervención de la empresa que fuera presentada por la provincia de Santa Fe. De esta forma, la solicitud será tramitada en forma “autónoma” al proceso concursal. Con esta resolución, los directores originales siguen a cargo de la firma. Hasta tanto el magistrado se expida sobre una tercera via.

Fuentes del gobierno santafesino declararon a Télam que lo que el juez Lorenzini dispuso es que, mientras estudia la presentación realizado por la provincia de Santa Fe, seguirá vigente su resolución del último viernes

El viernes pasado, la titular de la IGPJ, María Victoria Stratta, había pedido al juez que desplace al directorio de Vicentin SAIC de la administración de la empresa para reemplazarlo por un órgano colegiado compuesto de tres interventores, nominando a los dos designados por el decreto 522/2020, Gabriel Delgado como presidente, Luciano Zarich como vice, a quienes se agregó como vocal el santafesino Alejandro Alberto Bento.

La presentación fue fundada en “el poder de policía societaria” que la ley le asigna a la IGPJ, “definido como el sistema mediante el cual el Estado desenvuelve actividades de limitación frente a expresiones societarias con la finalidad de preservar la existencia de bienes considerados comunes”, además, en el escrito se menciona “el interés público” en el que se fundamenta el pedido de intervención.

La sexta agroexportadora más importante de la Argentina, entró en cesación de pagos con sus acreedores el día 5 de diciembre del año 2019, cuando no pudo hacer frente a sus obligaciones por “estrés financiero”, generando graves perjuicios en la cadena productiva del agro.

Con una deuda de u$s 1.350 millones, de los cuales u$s1000 millones fueron en créditos tomados de la banca pública, generando una fuerte polémica y sospechas de fraude; Y, con el estado Argentino como su mayor acreedor, la empresa solicitó en febrero la apertura formal del concurso preventivo de acreedores, finalmente declarada por un juzgado de Santa Fe. De la empresa, dependen unas 7 mil familias en forma directa y tiene de acreedores al banco nación y a cientos de pequeños productores y PYMES.

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Fuentes: Télam