En un sorpresivo fallo, el juez Fabián Lorenzini, titular del juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, que lleva el concurso de acreedores de Vicentin, confirmó hoy la intervención de la firma agroexportadora, pero en el mismo fallo, aceptó la restitución de los ejecutivos del directorio de la empresa y le recortó poder a los interventores.

De esta manera, el juez dispuso que el directorio de Vicentin vuelva a ocupar sus funciones, desplazando a los interventores puestos por el presidente Alberto Fernández, que pasarán a ser solo veedores de la empresa. Los directores de la firma habían realizado una presentación solicitando la remoción de los interventores, que finamente no sucedió.

En su fallo, el juez Lorenzini dispuso que “los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última asamblea ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados”.

El juez había rechazado los cuestionamientos al Decreto de Necesidad y Urgencia que disponía la intervención,sin embargo, estableció que “los interventores podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”, de esta forma, el magistrado sostuvo la intervención pero dejó a los interventores sin roles ejecutivos, pudiendo realizar tareas de "seguimiento amplio, efectivo y directo" de las cuestiones de la firma, pero sin tener injerencia "en las decisiones del órgano de administración". Este fallo, cambia el panorama para el gobierno nacional que ya no tendrá el control sobre la firma.

Además, el magistrado se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad solicitado por la cerealera, cuestión que pasará a la Cámara de Apelaciones, que deberá decidir si el juez debe o no definir sobre este tema.

La empresa, una de las 10 agroexportadoras más importantes de la Argentina, entró en cesación de pagos con sus acreedores el día 5 de diciembre del año 2019, cuando no pudo hacer frente a sus obligaciones por “estrés financiero”, generando graves perjuicios en la cadena productiva del agro, con una deuda total de U$1350 millones situación que derivó en su concurso y posterior intervención por parte del gobierno nacional.

Fuente: Télam