El Senado brasileño abrió a finales de abril una comisión para investigar la actuación del gobierno de Jair Bolsonaro durante la pandemia de Covid-19. Algunos de los fundamentos de la misma fueron el complot del gobierno a las medidas de distanciamiento y aislamiento dispuestas por gobernadores e intendentes, los retrasos en la adquisición de vacunas y las declaraciones de corte negacionista de parte del mandatario, frecuentes desde el inicio de la pandemia.

Ya han ido a declarar ante la Comisión el actual ministro de Salud, Marcelo Queiroga, y dos de sus antecesores en el cargo, los cuales fueron apartados por no seguir con las directrices del presidente. El primer ministro de Salud en salir del cargo durante la presidencia de Bolsonaro fue Henrique Mandetta, quien sostuvo que él seguía “orientaciones de la ciencia”, y que en cambio ese no había sido el camino elegido por Bolsonaro. A Mandetta le siguió en el cargo Nelson Teich, quien duró menos de un mes y renunció al no querer impulsar el uso de hidroxicloroquina como “tratamiento precoz”. Un medicamento que no tenía eficacia comprobada y que luego sería descartado de pleno por la comunidad científica internacional. Luego, quien asumió la cartera fue el general en actividad Ernesto Pazzuello, quien rápidamente ocupó puestos técnicos del ministerio con hombres provenientes de las Fuerzas Armadas. Las investigaciones de la Comisión se centran especialmente en la gestión de este hombre, que fue quien ocupó el cargo durante más tiempo (entre mayo de 2020 y marzo de este año) y que actuó en consonancia con las directrices del presidente. Pazuello abandonó el ministerio por la fuerte presión de los aliados del gobierno en el Congreso, quienes consideraban que su situación era insostenible frente a la segunda ola y que el gobierno debía dejar de lado su postura negacionista. El presidente de la Cámara de Diputados -puesto clave, ya que tiene la potestad exclusiva de ingresar los pedidos de juicio político contra el presidente-, Arthur Lira, llegó a hacer duras declaraciones pidiendo la salida de Pazuello. Luego de pedir un cambio de rumbo en el manejo de la pandemia, advirtió: “Los remedios políticos son todos amargos; algunos, fatales”, en alusión al juicio político.

La situación de Pazuello es tan delicada, que su abogado ha interpuesto un habeas corpus para tener derecho a guardar silencio durante su presentación en la comisión investigadora. Lo más probable es que la Corte Suprema se lo conceda. Entre otras cosas, Pazuello debería responder por qué su ministerio no respondió durante tres meses a una carta de la farmacéutica Pfizer, en la que se pretendían iniciar negociaciones para la adquisición de vacunas, por qué no se llevaron adelante campañas de comunicación preventivas y, por el contrario, sí una campaña titulada “Brasil no puede parar”, en contra de las medidas de aislamiento. También debería responder por qué se intentaron ocultar los números de óbitos, cambiando y dificultando la metodología de recuento en al menos dos oportunidades, las campañas oficiales en favor de la prescripción de hidroxicloroquina, y su accionar durante la crisis de falta de oxígeno en Manaos, a comienzos de enero, siendo que de acuerdo la empresa proveedora el Ministerio de Salud ya había sido notificado de la situación crítica con 10 días de antecedencia.

En las pocas semanas que lleva funcionando (puede extenderse durante seis meses), la Comisión ya le ha rendido algunos dolores de cabeza al gobierno. Una de las sesiones de máxima tensión fue en esta semana, cuando el instructor de la comisión, el experimentado senador Renan Calheiros, le recordó al exministro de Comunicaciones durante su declaración en la Comisión que podía ser detenido por mentir bajo juramento, cuando este negó haber definido de “incompetente” la gestión de Pazuello durante una entrevista a la revista Veja. La revista dio a conocer el audio de la entrevista, dejando en evidencia que el ex ministro de Comunicaciones, Flavio Wajngarten había mentido. Al día siguiente Bolsonaro expresó que “hay un vagabundo que está haciendo una inquisición”, en referencia al instructor, Calheiros. La estrategia del gobierno ante la comisión investigadora ha sido una dura contraofensiva que va más allá de las palabras y promete meterse en la investigación de supuestos desvíos de dinero de los fondos enviados por el Gobierno Federal a los estados y municipios, apuntando directamente contra aquellos que den respaldo a la comisión. La injerencia de Bolsonaro en la Policía Federal, el organismo encargado de ese tipo de investigaciones de carácter nacional, y que fuera el motivo de la renuncia de Sergio Moro en abril de 2020 al violar la autonomía del mismo, puede ser utilizada para llevar adelante este tipo de embestida política.

Por otro lado, esta semana se dio a conocer una encuesta de la consultora de opinión pública más prestigiosa en Brasil, Datafolha. Según la encuesta, Lula lidera la intención de voto con un 41% contra el 23% de Bolsonaro. En segunda vuelta la diferencia sería de 55% contra 32%. Además, el 54% de los encuestados respondió que “no votaría de ninguna manera” en Bolsonaro, contra un 36% que respondió lo mismo en relación a Lula. Es decir, el rechazo al actual presidente es significativamente mayor que el de Lula, dato relevante de cara a una hipotética segunda vuelta entre ambos. La aprobación del gobierno tocó el 24%, el mínimo de la serie de mediciones de esa consultora.

Ante este escenario adverso, Bolsonaro decidió comenzar a atacar a su principal contrincante, Lula. En el mismo acto que se refirió a Calheiros, Bolsonaro apuntó contra el expresidente, quien recuperó sus derecho a ser candidato en 2022, luego de la anulación de las sentencias en su contra debido a la parcialidad del entonces juez Sergio Moro. “Ladrón con nueve dedos”, fue la frase que le dedicó para marcar el inicio de una catarata de declaraciones contra el expresidente en los días subsiguientes. El rechazo a Lula, medido en la encuesta de Datafolha, es menor que el percibido anteriormente, lo que podría indicar una mejora de su imagen por causa de la anulación de las sentencias en su contra, o bien podría deberse a la falta de una campaña que active los sentimientos negativos en su contra. Por eso, habrá que ver si el rechazo a Lula se altera en función de los ataques de Bolsonaro.

Para ambos, uno de los grandes desafíos de cara a las elecciones de 2022 es la aparición de un tercero en discordia. Para Bolsonaro una alternativa competitiva podría significar quedar fuera de la segunda vuelta, mientras que para Lula sería conveniente enfrentar a Bolsonaro, antes que a un candidato con menor rechazo, siendo que el triunfo en primera vuelta es algo que el Partido de los Trabajadores nunca logró.

La Comisión Investigadora sobre el accionar del gobierno durante la pandemia de Covid-19 promete seguir ofreciendo un espectáculo político muy dañino para Jair Bolsonaro y sus pretensiones de reelección. No obstante, a más de un año y medio de las elecciones, su principal desafío es recuperar la economía del país y detener la inflación del precio de los alimentos, que han subido muy por encima de la inflación global