Los 100.000 millones de euros destinados desde el 2014 a combatir el cambio climático en la Unión Europea no rindieron frutos al menos hasta el momento ya que, de acuerdo a una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE), las emisiones de gases de efectos invernadero (GEI) de las granjas ganaderas se han mantenido en lo mismos niveles desde el 2010.

Desde el 2014 un cuarto del presupuesto de la Comisión Europea ha sido destinado a la Política Agrícola Común (PAC), principalmente destinado a reducir las altas tasas de emisión de gases que impactan en el medio ambiente. Estas políticas, que incluyen incentivos para recompensar las prácticas agrícolas que reducen la emisión de dióxido de carbono (CO2), estímulos a la oferta y demanda de productos orgánicos, entre otras, no resultan suficientes de acuerdo al último informe Tribunal de Cuentas Europeo.

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE provenientes de la actividad ganadera prácticamente duplican a las que genera la agricultura, inclusive luego de que la emisión de los fertilizantes químicos aumentaron entre el 2010 y el 2018.

La PAC que se extenderá hasta el 2027 está en plena negociación y se estima que se destinarán unos 387 mil millones de euros para obtener, a diferencia de estos últimos 10 años, resultados concretos. Hasta la fecha, la PAC desalienta las prácticas nocivas para el medioambiente y supone la implementación de una ecologización progresiva que mejoraría el desempeño ambiental de la producción ganadera y agrícola. No obstante, "no incentivó a los agricultores a adoptar medidas efectivas amigables con el clima, y ​​su impacto sobre el clima ha sido solo marginal" precisó el informe.

De cara a la nuevas negociaciones, la Unión Europea aspira a convertirse en "climáticamente neutra" para el 2050, buscando reformar el sistema alimentario para que sea "justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente". Para dentro de 10 años, el uso de los pesticidas químicos se reduciría en un 50%,las perdidas de nutrientes un 50%, el uso de fertilizantes se recortaría un 20% y la proporción de tierras agrícolas destinadas a la agricultura orgánica aumentaría en un 25%.

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