La Sala II Laboral de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Entre Ríos, falló a favor de la maestra rural Estela Lemes, reconociendo que la enfermedad que sufre fue causada por los efectos de la exposición a plaguicidas (insecticidas y herbicidas organofosforados) de las fumigaciones realizadas sobre la Escuela N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, donde hoy se desempeña como Directora.

La docente rural decidió llevar su caso a la Justicia entrerriana y obtuvo un fallo que marca un precedente importante a nivel provincial y nacional. En primera instancia, la demanda impulsada por la maestra fue rechazada, pero la decisión fue revertida por la Sala II Laboral de la Cámara de Apelaciones al condenar al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos por la incapacidad parcial y definitiva que presenta, en virtud de los artículos 14.2 a) de la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT) y 3 de la ley 26.773.

El fallo también ordenó a la ART otorgar las "prestaciones en especie" para "su recuperación y tratamientos productos de las intoxicaciones sufridas”.

El Agrario dialogó con Estela quien, con 56 años y 20 años de trayectoria en la Escuela n°66 “Bartolito Mitre”, contó sobre sus inicios en la educación: “Cuando llegué a la escuela cambio mi vida en lo personal y en lo profesional. Con muchísima responsabilidad y un poco de miedo, asumí el cargo de docente. Separada del papá de mis hijos, me instale en Gualeguaychú, donde sale un concurso y con mi título tenía prioridad para cargos en escuelas rurales”.

En agosto de 2001 asumió como directora titular y con sus hijos se instaló a vivir en la escuela. “No tenía baño, había hormigueros adentro. La arreglamos y nos instalamos sin agua y con una luz muy precaria”, detalló.

Su historia es conocida desde que asumió el compromiso de denunciar las malas prácticas agropecuarias que, con el paso del tiempo, deterioraron su calidad de vida. “Durante años, la Escuela Rural Nº 66 fue pulverizada en varias oportunidades. Hoy esa tierra se encuentran sanando”, expresó a este medio.

En el 2006, comenzaron las fumigaciones en un campo lindero a la escuela, contó Estela. “Fue el primero que sembró soja, siempre fumigaban cuando no estábamos, de noche o cuando no había escuela. En 2009 estaban fumigando, me acerqué al hombre que fumigaba y le consulté si sabía que un alumno tenía erupción en el cuerpo debido a lo que estaba aplicando. Me respondió que no podía ser porque lo que estaba usando era un remedio que se le pone a las plantas para que crezcan más rápido y que a las personas no les hacía nada; incluso me sugirió que el alumno debería ser alérgico a algo”.

“Ahí empezamos a investigar”,  indicó Lemes, haciendo referencia al comienzo de esta larga lucha contra estas prácticas agrícolas, “y pedimos que no fumigaran”, afirmó. “Pero en 2010 una avioneta pasa por arriba de la escuela; fumigaba el campo de enfrente pero al dar la vuelta pasaba arriba la escuela y el chorro caía encima. Esto lo filmamos con un teléfono de esa época, lo mandé a la Secretaría de Producción de la provincia y nunca contestaron nada. De hecho, lo presenté en el juzgado, pero como no tenía ni el teléfono ni la memoria original me dijeron que no servía como prueba”, agregó.

Ella lo tiene en su cuerpo

A causa de estas prácticas, Lemes sufrió severos problemas de salud. Cada vez que fumigaban, ella y su familia notaban reacciones en la piel y en las vías respiratorias. “En 2014 me detectaron una grave enfermedad producto de la exposición a los venenos, una polineuropatía que le afectó los músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria", detalló.

Primero, se enteró de que tenía clorpirifós en la sangre, es un insecticida que se utiliza en las cosechas para controlar la plaga de insectos. Ella lo tiene en su cuerpo. Luego, apareció una neuropatía aguda. Con ese diagnóstico comenzó con un tratamiento y rehabilitación que quedó a mitad de camino por las restricciones impuestas por la pandemia.

Cuando muy pocos lo hacían, se pronunció contra los agroquímicos y expuso su propia experiencia respecto a las adversidades a las que tuvo que hacer frente: "Había gente que decía que era mentira, que no era verdad mi enfermedad. Nunca mentí, todo es verdad", remarcó.

En 2010, la docente filmó un video que exponía la lluvia de veneno sobre el terreno de la escuela y desde entonces, cada año hizo la denuncia en la secretaría de Ambiente municipal.

Pero la lucha continuó, Estela fue a la Justicia Laboral y pidió que el Instituto del Seguro y el Gobierno de Entre Ríos se hagan cargo de los costos de su tratamiento. Y allí sufrió otro desamparo, el titular del Juzgado de Trabajo Nº1 de Gualeguaychú, Luis Frosch, falló en su contra. Dicha resolución fue firmada el 9 de febrero de 2018.

El magistrado basó su fallo en una pericia elaborada a fines de 2017 por el médico neurólogo Eduardo Chesini, quien consideró que la maestra no sufría ninguna dolencia. En ese momento, la demandante advirtió que el juez omitió evaluar el dictamen del perito médico Mariano De Britos, quien sostuvo que sufría de “síndrome químico múltiple por exposición a pesticidas organofosforados”.

La Justicia le dio la razón

Cansada de recorrer un proceso que lleva varios años, la docente anunció “que no renunciaría y que pelearía para que se garanticen sus derechos básicos” y contra ese fallo, la maestra presentó un recurso de apelación ante la Sala II Laboral de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú. Finalmente, este año el Tribunal decidió hacer lugar a su recurso y revocó el fallo de primera instancia.

Sobre su elección de vida como docente y su rol en la educación expresó: “Elegí la docencia porque siempre la vi como un modo de transformar los pequeños mundos en que nos movemos, una manera de formar futuro”.

Hoy, el estado de Entre Ríos deberá indemnizarla y cubrir su tratamiento médico a través de la ART del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de la provincia. Tras una larga lucha judicial, y frente a la resolución del tribunal, que marca un precedente histórico sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud, Estela expresó: “Luché por mí, por mi enfermedad y por mis gurises, para que se sepa que los agroquímicos enferman y matan”.

Estela continúa dedicando su tiempo a la educación rural, “más allá de que como directores de escuela estemos expuestos, el productor debe tomar conciencia que tiene gente y niños viviendo en sus campos, que tiene aplicadores, peones que manipulan estos venenos, y que tengan en cuenta que es perjudicial para la salud”.  La batalla ganada es decir: “los agroquímicos enferman y matan y con esa bandera seguir”, concluyó.

Foto Destacada: Vicky Cuomo //Revista Critica

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