Esta semana se dio a conocer el contenido de un contrato de Pfizer para el suministro de vacunas, a pesar de que la farmacéutica con sede en Estados Unidos le impone una cláusula de confidencialidad a todos los países. El Gobierno de Brasil publicó en su sitio web el contrato, violando dicha cláusula y luego borrando el mismo por pedido de la compañía. El “desliz” de los brasileños permitió que se conocieran las condiciones abusivas impuestas por Pfizer en el contexto de la emergencia sanitaria mundial y la escasez de vacunas. 

Si bien diferentes medios de comunicación indicaron que la cláusula de confidencialidad se debe a que la compañía negocia diferentes valores para sus vacunas de acuerdo al cliente, lo cierto es que a la luz del contenido del contrato firmado por Brasil y las denuncias de otros gobiernos, las cláusulas referentes a las garantías exigidas a los países son las que generan más polémica. Concretamente, lo que Pfizer pide es que los países pongan como garantía en el contrato elementos que hacen a la soberanía de un país. En el caso de Brasil, lo que Pfizer exigió y obtuvo fue la renuncia a la inmunidad de soberanía de cualquier activo de cualquier institución u órgano del Estado Brasileño, e incluyó expresamente al banco central, es decir a las reservas de ese país. Así, en caso de litigio, sería en el tribunal de New York donde se arbitrarían las diferencias, y no en algún tribunal brasileño, pudiendo el Estado responder con sus activos públicos. Lo inédito es que sean sometidas a ese tratamiento las reservas de un país, en este caso se hizo público lo de Brasil, ya que en caso de haber algún conflicto puede verse vulnerada la soberanía de aquel país. 

De hecho, el gobierno de Jair Bolsonaro cuestionó durante meses las cláusulas pedidas por la compañía, las que además incluyen toda exención de responsabilidades por posibles “fallas en el producto” y el reconocimiento de ambas partes de que el mismo “puede no ser exitoso”. Además, Pfizer queda deslindada de responsabilidades por atrasos en las entregas. Sin embargo, esto último es algo que ha sido constante en contratos de diferentes laboratorios, así como en general la confidencialidad de los contratos. La particularidad de Pfizer es la solicitud de incluir activos como las reservas. Finalmente, el gobierno brasileño se decidió a firmar el contrato en medio de una devastadora segunda ola y luego de haber apostado exclusivamente a la vacuna de Oxford-Astrazeneca, producida en Europa y la India, y con enormes atrasos en el suministro. Hoy más del 80% de las vacunas aplicadas en Brasil son del laboratorio chino Sinovac y producidas en San Pablo, cuyo gobernador, João Doria, es un posible contrincante de Bolsonaro en las elecciones de 2022. La competencia política fue otro de los incentivos para que el presidente brasileño cierre contrato con Pfizer. 

La secuencia de rechazo inicial a la propuesta de Pfizer por cláusulas abusivas y la posterior aceptación en función de las dificultades epidemiológicas y de acceso a otras vacunas se repitió en otros países de la región como Perú y Colombia. En Argentina, en cambio, las negociaciones quedaron estancadas luego de que la compañía presentase nuevas exigencias relacionadas a la inmunidad soberana. Desde la Casa Rosada se dejó trascender que fueron solicitadas como garantía no solo las reservas del banco central sino activos como Vaca Muerta. 

El fondo de inversión BlackRock, conocido como el más poderoso del mundo, es el principal accionista de Pfizer. BlackRock es además uno de los principales acreedores de la Argentina y debido a sus prácticas en relación a la deuda de los países forma parte de los llamados “fondos buitres”. Este fondo tiene además inversiones en medios de comunicación a lo largo de todo el mundo, incluyendo a la Argentina. Además, tiene además un gran peso en la política económica estadounidense y el vínculo con la actual administración quedó en evidencia con la designación de Drian Deese, proveniente de BlackRock, en el cargo de principal asesor económico de Biden. En relación al gobierno de Estados Unidos, Juan González, el asesor para América Latina, ha expresado en su reciente visita a la región que “China y Rusia hacen mercantilismo con sus vacunas”, pidiendo beneficios políticos a cambio de las mismas. En realidad, y a diferencia de lo que sí sucede con Pfizer, la afirmación de Juan González no encuentra respaldo en declaraciones ni trascendidos de ningún líder de la región. En simultáneo, Estados Unidos ha retenido el 100% de las vacunas producidas en su territorio para satisfacer la demanda interna. Otro frente en relación a las vacunas fueron las dosis de AstraZeneca producidas en Argentina y enviadas a México para su fraccionamiento, pero que tuvieron que ser enviadas desde el país centroamericano para Estados Unidos porque este no enviaba a su vecino los envases correspondientes debido a la política de no exportar bienes considerados esenciales para el combate a la pandemia. Luego, Estados Unidos retuvo las dosis hasta esta semana, cuando Biden dio la orden de liberarlas, generando una importante demora en la entrega de las 900 mil dosis, que ahora se esperan para mayo. 

En una entrevista al diario uruguayo El Observador, Juan González, el enviado de Biden, sostuvo que su país será líder en la provisión de vacunas luego de terminar de inocular a toda su población y que a diferencia de China y Rusia, Estados Unidos no impondrá condiciones de índole política.