Desde 2020, la situación de las islas del delta del Río Paraná no parece mejorar. El fuego arde en diferentes localidades de Entre Ríos, Santa Fe y en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires como San Nicolás de los Arroyos; el último gran foco que, hasta el momento, registra más 7.000 hectáreas quemadas.

El viento, además de avivar los incendios, ocasionó que el humo y la lluvia de cenizas ampliaran su alcance y afectaran sin tregua a los vecinos de Rosario, Villa Constitución, San Pedro y Baradero. Dificultades para circular por la ruta, guardias con pacientes que presentaron problemas respiratorios son solo algunas de las consecuencias más perceptibles de la postergación política de la Ley de Humedales.

Seguir dilatando el tratamiento parlamentario de este proyecto de ley parece un lujo que Argentina ya no puede darse. En el informe "Aportes del Sistema de Naciones Unidas (SNU) al proceso de elaboración legislativa para la conservación y el uso sostenible de los humedales en la República Argentina", presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la organización advirtió que el año pasado se perdieron cerca de 350.000 hectáreas de un ecosistema de relevancia nacional e internacional.

Existen propuestas legislativas desde hace más de 10 años, pero siempre caen en saco roto y caducan. La última, un texto que unificó 15 proyectos de distintos partidos políticos, fue presentada en noviembre de 2020. El proyecto de "Ley de presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales" obtuvo el dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano pero continúa sin tratamiento en la comisión de Agricultura y Ganadería.

"Hace más de seis meses que está cajoneado el proyecto en esa comisión, y cuando le dé dictamen aún falta que pase por otras dos comisiones para después pasar a ser votado en el recinto", explicó Ivo Peruggino, referente de la Multisectorial Humedales a Télam. El propósito de la organización es que las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda e Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros "trabajen en conjunto y saquen el dictamen antes de que pierda estado parlamentario como ha sucedido otros años".

Lo que no se ve o lo que se desconoce a prima facie es el impacto de las pérdidas por el fuego. Los incendios arrasan no solo con campos, no solo con hectáreas. El fuego pone en peligro el bienestar humano, porque los servicios ecosistémicos de los humedales son muchos y muy amplios: son reservorios de biodiversidad y agua, son fuente de provisión de alimento y trabajo, actúan como reguladores frente a inundaciones; equilibran la formación del suelo a través de la retención y exportación de sedimentos y nutrientes, aportan a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Cansados y conscientes de la gravedad de la problemática, la Multisectorial realizó el fin de semana una nueva medida de protesta y reclamo que prometieron repetir "todas las veces que sean necesarias para que pongan fin a las quemas que están devastando territorios e islas del Delta y por una nueva Ley de Humedales ya". Luego de la caravana de kayaks seguida de una movilización al Congreso, que tuvo lugar el 18 de agosto, la agrupación convocó a ambientalistas y vecinos rosarinos a manifestarse y cortar el puente Rosario-Victoria. En la explanada que sube hacia el puente, desde las 15:00 hasta las 19:00, los manifestantes interrumpieron el tránsito vehicular de la mano que une la localidad santafesina con la entrerriana.

Los ambientalistas denuncian lobby por parte de grupos que presionan al Gobierno. No solo porque "los incendios se ubican en tierras donde se desarrollan actividades agroganaderas" sino también por el avance de las urbanizaciones sobre estas tierras, que quedan expuestas por ejemplo, por la reciente “invasión” de carpinchos a barrios como Nordelta.

De acuerdo al mencionado informe, el PNUD destaca que “la República Argentina ha incorporado el concepto de desarrollo sostenible y de derecho humano al ambiente en su marco normativo e institucional, reconociéndolo en su Constitución Nacional con la consiguiente consideración del bienestar de las personas”. En este sentido, atribuye también la responsabilidad al Estado de "dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental".

La ONU menciona además que al haber el país ratificado tratados internacionales del sistema universal de Derechos Humanos, “muchos de los cuales cuentan con jerarquía constitucional” y “supralegal” aprobados por ley por el Congreso de la Nación, debe el mismo también asumir “una serie de obligaciones y derechos que es menester tener en cuenta en el marco del análisis legislativo para la protección y el uso sostenible de los humedales y el desarrollo sostenible”.

Cabe destacar que desde 1991 Argentina adhirió a la “Convención Ramsar”, cuya misión es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. En vigencia desde 1975, este instrumento de carácter normativo funciona como marco de referencia para la elaboración de políticas que hagan frente a la degradación de los humedales.

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