A comienzos de este mes, Dinamarca aparecía en la tapa de los medios de comunicación de todo el mundo con una noticia que podría haber sido sacada de una película, al igual que todo el escenario impuesto con la aparición de la pandemia de coronavirus. Los titulares estaban relacionados a la COVID-19, pero en este caso (o una vez más), asociado a animales.

En el país nórdico se sacrificaron más de 15 millones de visones de criadero luego de detectarse en varias colonias una mutación del virus que podía “suponer un riesgo para la eficacia de una futura vacuna”, según declaraba en conferencia de prensa la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Con la medida, el Gobierno buscaba contener un brote de la cepa Cluster 5 de la COVID-19, una combinación de mutaciones que no había sido observada con anterioridad, que no presentaba sintomatología diferente en los humanos contagiados, pero que debilita la capacidad de crear anticuerpos.

Cabe destacar que esta decisión del Ejecutivo danés afectó de manera directa a una de las actividades económicas más importantes de la nación, ya que son los principales productores mundiales de peletería de esa especie.

En el ojo de la tormenta, un hombre: el actual exministro de Agricultura y Alimentación, Mogens Jensen. El funcionario dimitió ayer a su cargo luego de revelarse que la decisión del Gobierno, aunque con fines de proteger la salud pública, no tenía ningún sustento legal, lo que derivó en una gran crisis política.

La exposición del problema salió a la luz luego de una serie de reclamos de los propietarios de granjas de visones que solicitaban no matar a los animales “sanos”. Y así lo establecía la ley: solo se permitía el sacrificio de los animales contagiados o los que estuvieran en un radio de 7,8 kilómetros de los focos confirmados. Sin embargo, se avanzó con la medida inicial.

"He reconocido varias veces que cometí un error. No había cobertura legal en ese momento para exigir el sacrificio fuera de esas zonas”, dijo Jensen a los medios tras presentar su renuncia, incluso luego de que el Gobierno socialdemócrata y cuatro partidos de centroizquierda hubieran cerrado un acuerdo para impulsar una reforma legal que permita ordenar el sacrificio de toda la población de visones.

La nueva normativa contemplaría también la prohibición de la cría de visones “hasta el 31 de diciembre de 2021 y el transporte de ejemplares vivos al país, además de fijar el pago de 30 coronas danesas (algo más de 3 euros) por pieza a los criadores que sacrifiquen a sus visones antes del día 19”, según había informado la empresa estatal de medios de comunicación DR. “Ahora hay un acuerdo, pero me gustaría pedir disculpas a los criadores", reiteró el ex funcionario.

Mientras Dinamarca toma notoriedad por esta crisis, y el Gobierno negocia indemnizaciones para los propietarios de las granjas; la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que cinco países más reportaron casos de mutaciones, entre ellos: Holanda, España, Suecia, Italia y Estados Unidos.

Fuentes: EFE/Reuters/AFP

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