La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores (RENATRE) realizan inspecciones en establecimientos productivos a fin de relevar las condiciones laborales de las trabajadores.

En el marco de la ley 26.727 de Trabajo Agrario, las instituciones verifican que se respeten los derechos de los trabajadores rurales. La norma, además de regular las modalidades de contratación, licencias y descansos y prohibiciones de formas de trabajo, como el trabajo infantil, estipula las obligaciones del empleador en cuanto a brindar condiciones adecuadas de vivienda, de higiene y seguridad, suministro de ropa y herramientas de trabajo correspondientes.

Como requisito esencial de cualquier relación laboral, el trabajador debe estar registrado como tal para poder hacer uso de sus derechos: obra social, seguro de desempleo, jubilación, cobertura en caso de accidente de trabajo, etc.

Cuando un empleador vulnera los derechos de un trabajador haciendo caso omiso a las obligaciones que la ley manda, comete un delito y el más atroz de los pecados que es flagelar la vida de otra persona.

Lamentablemente, estos hechos aberrantes de abuso en la contratación laboral aún son moneda corriente en el agro argentino. Pero la UATRE, junto al RENATRE, no descansan. Estas inspecciones surgen de denuncias anónimas a través de la línea 145 gratuita establecida por el Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, y de las actividades cotidianas de fiscalización. De esta manera, se detectan las irregularidades y son elevadas ante el Ministerio de Trabajo y en casos de mayor gravedad a la Justicia Penal para que el empleador sea intimado a regularizar la situación laboral.

En esta oportunidad, El Agrario tuvo acceso a información correspondiente a una inspección llevada adelante, el 16 de junio, en un establecimiento productivo de extracción de resina, en Ituzaingó, provincia de Corrientes.

A pesar de observar el correcto cumplimiento de las condiciones de vivienda, en cuanto a infraestructura, provisión de agua, luz, baño, los trabajadores que se encontraban realizando tareas en la Estancia Rincón del Rosario, encuadrada dentro de la actividad forestal, no tenían ropa de trabajo y protección personal correspondientes. Pero, lo que es más grave aún, los ocho trabajadores que se encontraban allí, al momento de la inspección, no estaban registrados y se encontraban percibiendo un remuneración un 50 % inferior a lo que estipula la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). No solo eso, sino que, además, el empleador les descuenta de sus salarios el valor de los alimentos entregados. Cabe destacar que los establecimientos productivos forestales se encuentran en medio del monte, alejados de los centros urbanos.

La Resolución N° 149 de la CNTA, emitida el 2 de junio pasado, establece las remuneraciones mínimas de los trabajadores dedicados a la actividad forestal, dentro de la cual se encuentra la extracción de resina.

Dialogamos con el subdelegado de la Seccional 1241 de Virasoro, Sergio Greniuk, que participó de la inspección junto al secretario general de la Seccional 975 de Ituzaingó, Cesar Garay, ambos de la UATRE, provincia de Corrientes. Al respecto de la misma, Greniuk manifestó: "Este empleador tiene diferentes campamentos productivos forestales en la región y si bien, gracias al trabajo en equipo que venimos realizando desde del gremio junto con la subsecretaria de Trabajo de la provincia, Migraciones, los inspectores del RENATRE y Comité Ejecutivo de Trata, realizó mejoras en las condiciones de vivienda de los trabajadores, aún no regularizó la situación laboral, es decir, tiene trabajadores no registrados y cobrando por debajo de la escala salarial vigente". "Esto está por fuera de lo que marca la ley y lesiona los derechos de nuestros trabajadores y si bien las mejoras en infraestructura están, es imperioso que regularice la situación laboral y respete las remuneraciones mínimas establecidas por la CNTA", enfatizó el subdelegado de UATRE.

Al término de cada fiscalización, las entidades elaboran las acta correspondientes con la información relevada y se intima al empleador, en un plazo perentorio pasible de multa, a regularizar la situación y presentar la documentación pertinente.

Seguí leyendo: Denuncia penal por explotación laboral en establecimiento forestal