El uso de agrotóxicos en Argentina es uno de los temas que se debaten en distintas esferas; en las políticas, en las instituciones agrarias y en instituciones educativas, ¿pero se consideran las graves repercusiones tanto a nivel sociocultural como ambiental?

El uso de semillas transgénicas y agroquímicos fue aprobado en la Argentina en 1996 pero hasta hoy no hay cifras oficiales sobre su uso. Informes privados indican que, en 2018, se utilizaron 525 millones de litros de herbicidas, mientras se acumulan los estudios sobre los perjuicios que generan en la salud y el ambiente.

¿Quiénes son los que más sufren el impacto de estos agrotóxicos? Las poblaciones pequeñas, los trabajadores y trabajadoras rurales que a diario están en contacto directo con el cultivo sin medidas de precaución y seguridad, también docentes, niños y niñas de instituciones educativas del ámbito rural.

Se ven así afectados irremediablemente, ya sea por la dispersión de agro tóxicos ocasionada por los vientos o por el escurrimiento del agua afectada que contamina el subsuelo.

Tal es así, que en defensa de los derechos vulnerados de las comunidades educativas rurales afectadas por el actual modelo productivo, basado en el uso de transgénicos y agro tóxicos, en el 2017 se conformó la Red Federal de Docentes Por la Vida, que la integran docentes, padres, vecinos y trabajadores de escuelas rurales fumigadas de diferentes provincias de la Argentina.

El Agrario dialogó con Yamila Vega, profesora y Lic. en historia del CEPTN2 de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires y miembro de dicha organización. La docente repasó las acciones llevadas a cabo por la Red, mencionó los desafíos y miedos a los que se enfrentan y opinó sobre el Programa de Buenas Prácticas Agrícolas, recientemente presentado por la gestión de Axel Kicillof.

La Red Federal se creó en agosto de 2017, cuando se realizó el 8vo encuentro por pueblos fumigados en San Andrés de Giles. “Fue por iniciativa de Ana Zavaloy, Directora de la Escuela número 11 de San Antonio de Areco". "Ella veía la necesidad de conformar una Red para que los y las docentes que estamos solas al momento de denunciar las fumigaciones con agro tóxicos nos pudiésemos acompañar y para poder organizarnos”, recordó Vega.

En cuanto a la propuesta de la Red, la docente explicó que a través de acciones en las escuelas se busca concientizar acerca de las consecuencias que tiene para el ambiente y la salud este modelo extractivista. “Como Red nos proponemos que las escuelas sean espacios donde se puedan generar cambios ante este modelo extractivista”, indicó la docente.

Asimismo entre las propuestas que se establecen mencionó “la realización de distintos proyectos educativos, para poder llevar esta problemática a las aulas en los distintos niveles, promovemos la agroecología, ayudamos a difundir materiales didácticos, a quienes se comunican con la red”.

Y recordó que una de las primeras acciones que realizó Ana Zavaloy, cuando conformó la Red, “fue  la difusión del protocolo de acción ante la fumigación. Es un documento donde están señalados los distintos pasos a seguir por cualquier persona que se encuentre dentro de una institución educativa y que esté sufriendo las fumigaciones”.

La lucha por una ruralidad libre de agro tóxicos

La Red también presenta una serie de desafíos, entre los que Yamila Vega destacó el miedo y el silenciamiento por parte de algunos sectores, de esta forma, este flagelo no se termina de denunciar y visibilizar.

Falta mucho explicó la docente, que al mismo tiempo detalló los ejes necesarios para abordar esta problemática: “La necesidad de acompañamientos por parte de los gremios docentes, cuando se denuncian estas prácticas. Incluir análisis de agroquímicos en los análisis bacteriológicos que se hacen en el agua de las escuelas. Y frenar la intromisión de las empresas en las aulas, que lo hacen a través de distintos programas, concursos, becas, y convocatorias”.

Asimismo, mencionó como otra necesidad, "la de  impartir la educación ambiental como un eje trasversal en los diseños curriculares en todos los niveles educativos y la  difusión del protocolo a través de los gremios, de la dirección general de escuela, instituciones estatales".

Por otro lado, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) acaba de lanzar un concurso para alumnos del nivel secundario de las escuelas técnicas y agrarias, para alentar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Ante esta situación Vega manifestó preocupación: “Nos parece muy grave  que desde el estado y organizaciones se esté legitimando que los y las adolescentes manipulen agro tóxicos”, y agregó  “para ellos es normal acudir al campo y ayudar a la familia en las tareas productivas. Muchas veces manipulan agro tóxicos, están en contacto con  los bidones, las maquinaria, fumigan”.

Rol activo del Estado

Recientemente, el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) lanzó el Programa Buenas Prácticas Agrícolas en el cual, según indican desde la cartera agraria, se trabajará fuertemente en fomentar el respeto por las normas sobre aplicaciones de agroquímicos en todo el territorio bonaerense.

Ante esto, la docente consideró que desde el MDA están desarrollando también políticas tendientes a la difusión a la agroecología. “Hay una mirada hacia lo agroecológico, a hacia la necesidad de ir a otro modelo”,indicó la docente y en esta misma línea mencionó: “También se creó el Observatorio Técnico Agrario (OTA), pero falta  un mayor compromiso,  un cambio de modelo y paradigma”, precisó.

Desde la Red se envió  una carta al Gobernador Kicillof, solicitando la derogación de la Resolución 246/18 firmada por el ex ministro de Agroindustria Leonardo Sarquis durante el Gobierno M. Eugenia Vidal.

“La llamamos la resolución del veneno, habilita la fumigación de agro tóxicos en las puertas de las escuelas rurales, hasta un minuto antes del inicio de clases”, destacó, a lo que añadió: “Si bien durante el Gobierno de Kicillof se ha pospuesto la resolución, nosotros estamos pidieron que esta resolución sea derogada. Que no se sigan dilatando estas decisiones”.

Desde la Red solicitan “que el Estado tome un rol activo”, que instrumente en toda la provincia de Buenos Aires la prohibición de aplicación de agro tóxicos, biosidas a los 2000 metros  lindantes a  zonas pobladas, de escuelas, curso de agua, zona de resguardo ambiental, prohibir las fumigaciones áreas, instrumentar en esas hectáreas que quedes excluida de las pulverizaciones, políticas públicas tendientes a la producción agroecológica.

Además, solicitan que “se provea de modo gratuito a la población bonaerense, un laboratorio público donde se puedan realizar analistas de sangren, orina y leche materna destinados a detectar la presencia de agro tóxicos”. Sumado a incorporar “análisis de agro tóxicos en los exámenes bacteriológicos que se hacen en el agua potable de las escuelas”,detalló.

Por último, la docente enfatizó sobre las Buenas Prácticas Agrícolas: “La única buena práctica agrícola es aquella se no se pueda implementar veneno, que no se dañe ni al salud ni el ambiente”.

Fotografía destacada: Juan Merlos. Ramiro Lezcano