El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció el lunes pasado el envío al Congreso de un nuevo plan social para reemplazar al Bolsa Familia creado por Lula da Silva en el año 2003. El Renda Ciudadana, como ha sido bautizado, aún tiene inconcluso su diseño final y ni el presidente Bolsonaro, ni su ministro de Economía, Paulo Guedes, han dado mayores precisiones. Sin embargo, el objetivo del Gobierno desde hace algunos meses es incrementar la ayuda social en cuanto a importe y sobre todo en cuanto a número de beneficiarios, ofreciendo una continuidad de ayuda social a aquellas familias que han recibido el Auxilio de Emergencia en el contexto de pandemia pero que no son beneficiarias del Bolsa Familia.

De acuerdo a declaraciones del senador Márcio Bittar, del partido Movimiento Democrático Brasileño, aliado del gobierno y uno de los responsables de llevar adelante el proyecto, la intención es incorporar cerca de 10 millones de familias, lo que representaría un incremento del 70% en relación a los 14,2 millones de familias beneficiarias del Bolsa Familia.  En cuanto al valor pago, el Bolsa Familia tiene un promedio de R$190 mensuales (US$ $33,00), mientras que el nuevo programa rondaría entre los R$200 y los R$300, según Bittar.

La creación del nuevo programa, no obstante, enfrenta duros desafíos de financiamiento para solventar el incremento de la ayuda social, que pasaría de los 34.900 millones de reales del Bolsa Familia previstos para 2021, a un total de 55.000 millones del Renda Ciudadana. Cuando anunció el programa el lunes por la tarde, Bolsonaro sostuvo que el mismo se financiaría con parte del Fondo de Manutención y Desarrollo de la Educación Básica (FUNDEB) y parte de los recursos destinados a pagar juicios contra organismos del Estado (los precatórios). Esta propuesta  de financiamiento generó fuerte rechazo, tanto entre congresistas no aliados al Gobierno, como entre sectores vinculados a la educación, y, sobre todo, causó el desagrado del mercado financiero, produciendo ese mismo día una caída de más del 2% del Ibovespa.

El motivo de la mala recepción de la propuesta de financiamiento, tanto en el mercado como entre otros actores e incluso medios de comunicación, es la evaluación de que el Gobierno está creando una nueva fuente de gastos sin recortar de otros sectores, lo cual incumpliría la regla del techo de gastos establecida vía enmienda constitucional en 2017. Esta regla ha congelado el presupuesto del Estado, el cual solo puede ajustarse en cada año según el valor de la inflación del año anterior. Al proponer financiar el Renda Ciudadana con parte del presupuesto destinado al pago de juicios contra el Estado, el Gobierno estaría recurriendo a una artimaña para no reducir gastos y tan solo posponerlos, violando el techo de gastos y perjudicando los intereses de aquellos que aguardan cobrar los juicios. A raíz del fuerte rechazo a la propuesta de financiamiento del programa, el Gobierno retrocedió y en este momento se encuentra evaluando nuevas formas de financiamiento.

No es la primera vez que Bolsonaro tropieza en su intento de crear un nuevo programa social. El 15 de agosto pasado, el presidente había desterrado la posibilidad del Renda Brasil, luego de una serie de fracasos en busca de financiamiento y ante el trascendido de que para ese fin se congelarían las jubilaciones por dos años. “Es sacarle al pobre para darle al paupérrimo”, expresó Bolsonaro en un video difundido por redes sociales, y sentenció: “no se habla más de Renda Brasil”. Menos de dos semanas más tarde, sin embargo, el programa vuelve al ruedo, ahora con otro nombre pero sin resolver las dificultades de financiamiento.

El Renda Ciudadana deberá ser introducido como parte de una enmienda constitucional, para la cual es necesaria una mayoría especial de ⅗ y dos votaciones en cada cámara. Con elecciones municipales el 15 de noviembre, es poco probable que sea aprobada en lo que resta del año.

La encrucijada del Gobierno es buscar lo más parecido a una continuidad para el auxilio de emergencia otorgado en el contexto de pandemia, el cual a partir de octubre redujo su cuota de R$600 para R$300 y finaliza en diciembre, al tiempo que cumplir con el techo de gastos y la disciplina fiscal. Si bien en algún momento de este año Bolsonaro jugó con la posibilidad de “romper” el techo de gastos, ha reiterado verbalmente su compromiso con la disciplina fiscal y existe una fuerte presión en favor de esta.

Casi todos los análisis políticos brasileños coinciden en señalar el interés de Bolsonaro en consolidar la reciente mejora de la aprobación de su gestión de cara a la reelección en 2022. Esto es así en tanto que el auxilio de emergencia en el contexto de la pandemia, destinado mayormente a los más vulnerables, es considerado la principal razón de la mejora en su aprobación desde mediados de junio, pasados los primeros meses de la pandemia (cuando llegó a niveles de desaprobación de hasta 50% y aprobación apenas por debajo de 30%). El sondeo de opinión pública de CNI-IBOPE, publicado el pasado 24 de septiembre, muestra que la aprobación del Gobierno llega al 40%, contra un 29% de la anterior medición, en diciembre de 2019. La mejora se ha producido sobre todo entre aquellos que ganan menos de un salario mínimo y con niveles de educación más bajos.

Al margen de las consideraciones respecto a cuál es el motivo del interés en un programa social de mayor alcance, lo cierto es que Jair Bolsonaro ha cambiado su estrategia significativamente en relación a antes de la pandemia, tanto respecto a la asistencia social como a su aproximación a la región del Nordeste, la segunda región más poblada de Brasil, signada por una extensiva pobreza y donde más se concentran los beneficiarios del Bolsa Familia. A comienzos de año, eran noticia la fila de espera récord para acceder a ese programa y la marginación de la región del Nordeste en la asignación de nuevos beneficiarios, privilegiando, por ejemplo, a Santa Catarina, al Sur de Brasil y entonces aliada al Gobierno Federal. Además, el presidente tan solo había viajado un par de veces a la región del Nordeste y había reincidido en expresiones prejuiciosas contra la población nordestina así como ataques permanentes a los gobernadores de esa región, mayormente opositores pero con buenos índices de aprobación. Desde el inicio de la pandemia esa región ha sido la más visitada por Bolsonaro y ha pasado a ocupar un lugar destacado en la comunicación del gobierno. Claramente, la estrategia es de aproximación a una región que le fue adversa y que permanece como el principal bastión del Partido de los Trabajadores.

El cambio de estrategia respecto a la asistencia social y en particular al Nordeste es una de las mayores transformaciones del Gobierno de Jair Bolsonaro, quien en enero próximo llegará a la mitad del mandato. La posibilidad de concretar esa transformación pasa por la capacidad de articular políticamente y lograr un acuerdo para una votación de mayoría especial en el Congreso y en sortear las tensiones generadas por el mandato de la disciplina fiscal, sea logrando reasignar presupuesto o bien buscando la alternativa de flexibilizar el techo de gastos. Esto último, a pesar del reiterado compromiso con la disciplina fiscal, no puede ser descartado en el mediano plazo.

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