La economía brasileña está viviendo un rebote luego de la recesión de 4,1% en 2020, año marcado por la pandemia y las medidas sanitarias adoptadas por gobernadores e intendentes. Para el banco Itaú, el crecimiento este año será de 5 puntos, es decir apenas por encima de lo perdido en 2020. El mercado financiero prevé casi lo mismo, 4,97 %, de acuerdo al último informe Focus, realizado por el Banco Central y en el que se relevan las perspectivas de los agentes financieros.

Las perspectivas son más variadas para 2022, y no tan optimistas. El banco Itaú sorprendió esta semana al proyectar una pequeña recesión de 0,5% para el año próximo. En sintonía, JP Morgan también redujo sus proyecciones, y estimó un crecimiento igual a cero. El informe Focus, del BC, es algo más optimista y prevé un crecimiento de 1,4%, aunque la tendencia de las proyecciones ha sido decreciente en los últimos meses.

Según el informe Escenario Macro, del Itaú, el principal motivo de una nueva caída de las proyecciones fue el anuncio del gobierno de Jair Bolsonaro de que buscará ampliar el gasto público y romper con la política de ajuste fiscal establecida desde 2017 durante la presidencia de Michel Temer. Según el informe, habrá una ampliación del déficit del 0,8% en 2021, para el 1,5% en 2022.

La política de ajuste fiscal establecida por Temer consiste en un dispositivo denominado “techo de gastos”, que congeló el gasto público por 20 años, siendo corregido solo una vez al año de acuerdo a la inflación. El dispositivo, aprobado mediante una enmienda constitucional, determina que podrá haber una revisión del techo de gastos cumplidos diez años de su implementación. El objetivo perseguido entonces por el gobierno de Temer era reducir el gasto público y generar confianza en los acreedores privados, dando garantías de que el Estado brasileño no tendrá dificultades en honrar sus deudas. De ahí que la alteración del dispositivo genere especial inquietud entre la banca y el mercado financiero.

La reelección parece un sueño cada vez más lejano para Jair Bolsonaro.

La forma de romper con el techo de gastos ha sido una modificación del corte a partir del cual se calcula el ajuste anual por inflación. Hasta ahora, ese corte era en junio. El gobierno quiere llevarlo a diciembre, ampliando de hecho el presupuesto debido a que la inflación ha sido mayor en los últimos meses. Otras alternativas también están sobre la mesa, como por ejemplo posponer pagos provenientes de juicios al Estado que deberían ser ejecutados en 2022.

El principal motivo de la ampliación del gasto es la necesidad de otorgar más ayuda social en función de la situación pospandemia: desempleo de 13,2 %, de acuerdo a datos oficiales; 19 millones de personas pasando hambre y 116 millones en inseguridad alimentaria, de acuerdo a la Red Brasileña de Investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

A la necesidad social se le suma la necesidad política. La reelección parece un sueño cada vez más lejano para Jair Bolsonaro. Según informan los medios locales, es una obsesión para el presidente establecer un programa social que reemplace al Bolsa Família, implementado por Lula, y que sea una marca propia, vinculado a su gobierno. En la visión del presidente, sin un nuevo y más ambicioso programa social no habrá reelección posible. El objetivo, es ampliar el valor promedio del Bolsa Familia, de R$200, para $400 o más. También se ampliaría la cobertura del programa, pasando de los actuales 14,6 millones a 17 millones. A modo de referencia respecto al peso de esos montos, hoy el salario mínimo está en R$1.110 y el dólar cotiza a R$5,64.

En materia económica, otro de los males que aqueja al país es la suba de la inflación, que se duplicó en el último año, llegando al 10% en 12 meses. Para el año calendario se espera que sea de 9%. Esto ha hecho con que el Banco Central decida subir la tasa de interés, la cual pasó del mínimo del 2% en marzo de 2020, a 7,75%, con una abrupta suba esta semana ante la incertidumbre generada por la política fiscal.

De acuerdo al Itaú, la incertidumbre fiscal afecta negativamente al real. La moneda brasileña perdió valor gradualmente ya desde antes del inicio de la pandemia. Cuando Jair Bolsonaro asumió, en enero de 2019, el dólar cotizaba a R$3,65. Hoy está a R$5,64.

La devaluación del real a su vez ha impulsado a la inflación, que además es alimentada externamente tanto por la suba del petróleo como por la suba de los alimentos y materias primas. Allí reside otro de los grandes conflictos del gobierno: durante el gobierno de Michel Temer la Petrobras, la empresa petrolera estatal, ató el precio de los combustibles al dólar, haciendo que ante el escenario de devaluación los precios suban indiscriminadamente.

A su vez, según reconoció el propio ministro de Economía, Paulo Guedes, el “ruido político” generado en el gobierno afecta al desempeño de la moneda nacional.

Ese “ruido político” se puede graficar con el caso de la Petrobras. Bolsonaro ha mantenido una postura errática respecto a la empresa incluso desde antes de asumir. Desde las promesas de privatizarla esgrimidas por su hoy ministro, contradichas por el entonces candidato a presidente; luego los cuestionamientos a la suba de los combustibles durante la primera semana de gobierno, dando marchas y contramarchas para luego otorgar libertad a la política de precios de la empresa; este año, removiendo intempestivamente al presidente de la compañía en medio a nuevos cuestionamientos a los aumentos, para luego poner en su lugar a un hombre que continuó con la misma política; hace una semana declarando que podrían privatizarla (algo por demás complicado a un año de las elecciones), para finalmente este jueves decir que la misma no debería lucrar tanto y debería tener una mayor función social.

Se trata de malas noticias para la economía argentina, en tanto la suerte de nuestro principal socio comercial afecta directamente al PBI local.

La misma conducta errática se observa con otros puntos de la política económica, por ejemplo respecto al referido techo de gastos y la voluntad de ampliar el gasto social. Esa intención ya era manifiesta a inicios de este año, pero el gobierno decidió postergar la decisión para fin de año. Incluso, ya era previsible que se intentara romper el techo de gastos desde mediados del año pasado con la llegada de la pandemia, los beneficios políticos cosechados por una ayuda social impulsada por el Congreso (inicialmente contrariada por el presidente, pero que lo terminó beneficiando) y las nuevas alianzas políticas partidarias del mandatario -el grupo de partidos del llamado Centrão, más refractario al ajuste fiscal-. Hoy no hay un plan claro ni convincente para la ampliación del gasto y la puesta en funcionamiento de la nueva ayuda social.

El suma, el escenario económico brasileño es complejo habida cuenta de la delicada situación pospandemia. Ante este desafío, el gobierno de Jair Bolsonaro definitivamente no tiene una estrategia clara, incrementando la incertidumbre. Se trata de malas noticias para la economía argentina, en tanto la suerte de nuestro principal socio comercial afecta directamente al PBI local.

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