En la Argentina se calcula que hay 750.000 trabajadores rurales de los cuales una gran proporción trabaja en la informalidad y muchos de ellos en condiciones indignas, sufriendo jornadas laborales inhumanas, según datos del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas.

Combatir el trabajo no registrado y dejar atrás la precarización laboral en el sector rural son los ejes de trabajo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que bajo la conducción de José Antonio Voytenco trabaja e impulsa campañas de inspecciones en establecimientos rurales donde hay sospechas de trata laboral, trabajo forzado o explotación infantil.

En esta oportunidad, la jurisdicción que coordina Miguel Ángel Cabrera, secretario general de UATRE Las Lajitas, una ciudad en el Departamento Anta, provincia de Salta, realizó durante el mes de octubre importantes operativos de fiscalización en establecimientos rurales con más de 8000 hectáreas de campo.

Tomaban agua que pasa de un arroyo cercano, que cuando llueve sale turbia. Dormían con víboras debajo de la cama.  De noche no tenían luz,  alumbraban con un mechero.

En conjunto con  la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la policía de trata de la provincia, durante la fiscalización se detectaron a 7 trabajadores en condiciones indignas. Viviendas insalubres, sin agua potable, sin luz. “Personalmente fuimos a ver dónde vivían, tomaban agua que pasa de un arroyo cercano, que cuando llueve sale turbia. Dormían con víboras debajo de la cama. De noche no tenían luz,  alumbraban con un mechero”, detalló el secretario de UATRE.

A esta situación de trata de personas se le suma el hostigamiento laboral, se trata de peones generales, que no están categorizados como tal, no se les brinda elementos de seguridad, ni alimentos, ni transporte, ni herramientas de trabajo correspondientes. “De los 7 trabajadores,  solo uno estaba en regla, con obra social, aportes, sepelio, pero con escala salarial no actualizada. El resto de los trabajadores estaban registrados como empleados domésticos”, indicaron fuentes vinculadas a la inspección.

Se trata de una empresa que tiene un poder adquisitivo suficiente como para tener a los trabajadores  en las condiciones que corresponde. Son campos con más de 8000 hectáreas, con 3000 cabezas.

A la lista de adversidades que sufren los trabajadores de este ámbito, muchas veces se hace presente el miedo a reclamar sus derechos y el temor a perder el trabajo. Tal es así, que Cabrera contó que cuando arribaron al campo, 2 de los trabajadores se escondieron y no volvieron. “Estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 15 horas y ni se acercaron almorzar. La policía de trata los fue a buscar y no los encontró. Muchos desconocen sus derechos y otros temen perder el trabajo”, enfatizó.

A su vez, sobre los establecimientos y dueños de los campos indicó: “Se trata de una empresa que tiene un poder adquisitivo suficiente como para tener a los trabajadores en las condiciones que corresponde.  Son campos con más de 8000 hectáreas, con 3000 cabezas. El procedimiento ahora está en manos de la AFIP, la que va informar a la empresa como seguir”, explicó.

Si bien se presentan algunas situaciones de precarización laboral y de trata de personas, el dirigente manifestó que en la zona de su jurisdicción, la situación ha mejorado. Hay grandes empresas agrícolas y ganaderas, en la cual no se presenta mucha mano de obra sin registrar. Y recordó: “Hace tiempo era zona de desmonte,  donde los empleadores llevaban a sus trabajadores al campo y los dejaban viviendo en las cortinas. En las cortinas se realizaba el trabajo de limpieza del campo, luego del desmonte se juntan las raíces, y los trabajadores permanecían semanas tirados a orillas del monte, sin agua, sin luz. Hoy en día esas zonas son campos grandes”.

Un  llamado de atención a las empresas

En cuanto al procedimiento de las fiscalizaciones que se prevén realizar próximamente en la provincia, se realizan con la coordinación de Juan Carlos Domínguez, delegado provincial de UATRE Salta. Se reúne información, se coordina con Gregard, RENATRE, AFIP, Policía de Trata y se intervienen los establecimientos rurales donde hay  infracciones con el trabajador y todas las cuestiones que no se cumplen con la Ley 26.727 del trabajador rural.

Mi función es que las empresas sepan que hay organismos de control y que se tienen que adaptar a las leyes del trabajador rural y cumplir a rajatabla con el estatuto, la escala salarial, ropa de trabajo, traslado, comida, agua potable,  trabajo insalubre.

Cabrera destacó que con estas intervenciones se busca informar a las empresas que no cumplen con los derechos de los trabajadores que deben atenerse a la ley y respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. “Es un llamado de atención a establecimientos rurales. Mi función es que las empresas sepan que hay organismos de control y que se tienen que adaptar a las leyes del trabajador rural y cumplir a rajatabla con el estatuto, de la escala salarial, ropa de trabajo, traslado, comida, agua potable,  trabajo insalubre”, indicó.

Se trata de grandes productores que conocen las reglas y “en horas de ganar, ocultan información”, manifestó el secretario que a su vez describió “el trabajador es un poco temeroso y muchas veces no conoce las leyes  y necesita el apoyo, la información y la llegada nuestra y allí estamos nosotros para defender sus derechos".

Por último, en cuanto a las expectativas con estos operativos manifestó: “Espero que se encienda la alarma a todas las empresas rurales, que se empiece a solucionar los temas para los trabajadores rurales y que el trabajador pierda ese miedo de reclamar sus propios derechos”.

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