Se esté o no de acuerdo con sus políticas y su forma de actuar, no se puede negar que Nayib Bukele ha roto los moldes de la política tradicional, tanto en su país como en los organismos internacionales en los que le ha tocado participar.

La República de El Salvador, tierra de volcanes y terremotos, es un país soberano de América Central ubicado en el litoral del océano Pacífico con una extensión territorial de poco más de 21 mil km², casi del tamaño de la provincia argentina de Tucumán (22.524 km²). Tiene una población de 6.486.023 habitantes, lo que implica contar con una densidad poblacional de 300 habitantes por km², la mayor del continente americano.

En su historia más reciente, El Salvador vivió el drama de una guerra civil no declarada entre las fuerzas armadas y las guerrillas del FMLN que duró más de 10 años, entre 1979 y 1992, y causó más de 75.000 muertos y desaparecidos. Posteriormente, se llegó a un acuerdo de paz y el FMLN se transformó en un partido político de izquierda, participando en elecciones y alternándose en el poder con la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) de derecha, durante casi tres décadas.

Dos dramas muestran dolorosas caras de El Salvador: una tremenda desigualdad social y la violencia extrema protagonizada por las luchas territoriales de las bandas de narcos, a los que llaman “maras”.

Bukele nació en San Salvador, la capital de su país, el 24 de julio de 1981. Hijo de un empresario, su juventud transcurrió trabajando en las empresas de su padre, llegando a ocupar el más alto cargo en varias de ellas, una de las cuales manejó durante años la propaganda política del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en su etapa de partido político.

Cuando cumplió 30 años, Bukele decidió participar en política y se afilió al FMLN para competir por la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio de menos de 8.000 habitantes, a unos 13 km de la capital. Ganó ampliamente las elecciones (50,68%) y asumió en 2012.

Desde el inicio de su gestión enfocó sus acciones en mejorar el acceso a educación, salud, vivienda digna, agua potable, entre otros temas; buscó dinamizar la economía del municipio, impulsando el turismo local y mejorando la infraestructura pública.

Bukele donó su salario como alcalde para el financiamiento de becas universitarias y aumentó el sueldo a los trabajadores de la municipalidad. Se ocupó de la promoción del emprendimiento femenino a través de NUCU (una marca de artesanías de Nuevo Cuscatlán creada para mujeres artesanas).

También impulsó la participación de los jóvenes en proyectos científicos y tecnológicos como Esfera PM, con el cual se capturaban imágenes de la curvatura de la tierra desde el espacio, a una altura de treinta mil metros durante la noche. Bukele consideraba que este tipo de actividades alejaba a la juventud de la violencia.

Antes de que asumiera la alcaldía, Nuevo Cuscatlán tenía alrededor de 12 homicidios por año, pero durante su mandato de tres años solo se reportó un homicidio.

Su exitoso gobierno lo catapultó a competir por la alcaldía de San Salvador, la ciudad capital, también bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Obtuvo una amplia victoria (50,37%) y asumió el 1 ° de marzo de 2015.

En su actividad como mandatario, no tuvo problemas para criticar a dirigentes y funcionarios de su propio partido, incluso denunciar actos de corrupción, tanto del FMLN como de la ARENA.

Esas actitudes hicieron que en 2017 fuera expulsado del FMLN. Entonces fundó su propio partido, Nuevas Ideas. Intentó postularse para presidente de la República en las elecciones de 2019 con Cambio Democrático (CD), un partido de centroizquierda, pero el Tribunal Supremo Electoral disolvió al CD por orden de la Corte Suprema de Justicia, lo cual fue interpretado por sus seguidores como una maniobra conjunta del FMLN y ARENA, para cerrarle el camino al joven y popular político.

Ante esa situación, Nayib Bukele se postuló como candidato a presidente por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) de centroderecha, realizando una campaña basada fundamentalmente en las redes sociales y obteniendo la mayoría absoluta en primera vuelta con el 53,10% de los votos, transformándose en el primer presidente, desde el final de la guerra civil, que no representa a ninguno de los dos partidos principales (ARENA y FMLN) que gobernaron el país desde 1989.

Uno de los compromisos asumidos por Bukele durante su campaña electoral fue poner fin a la violencia de las bandas narcos que asolaban el país. Por eso, puso en marcha una política que denominó Plan Control Territorial, destinado a confrontar duramente con las “maras”, como las denominan en El Salvador.

En febrero de 2020, Bukele quiso obtener un préstamo de Estados Unidos de 109 millones de dólares para el financiamiento del Plan Control Territorial, con el que pensaba reforzar el presupuesto de la Policía Nacional Civil (PNC) y reducir la delincuencia callejera mediante el enfrentamiento violento de las pandillas.

Desde el principio ARENA y FMLN se opusieron al plan con el argumento de que las anteriores políticas en materia de orden público que ellos habían aplicado en sus gobiernos incrementaron la militarización de la PNC. También ejercieron una férrea oposición a la política de aislamiento obligatorio y otras medidas impuestas por Bukele con motivo de la pandemia. No obstante, la Organización Mundial de la Salud destacó los logros de El Salvador en el combate al coronavirus y la actitud solidaria de su gobierno con los países vecinos.

El parlamento frenaba todas las políticas del gobierno de Bukele. GANA no tenía mayoría en la Asamblea Legislativa, que estaba en manos de los opositores ARENA y FMLN; Nuevas Ideas no contaba con representación parlamentaria dada su reciente creación. La situación se prolongó hasta comienzos de 2020.

Bukele reunió a sus aliados para pedir a la oposición que aprobara el préstamo y, el 6 de febrero de 2020, invocó un artículo de la Constitución de El Salvador que permite convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, “cuando los intereses de la República lo demanden”, y convocó a una sesión plenaria para el 9 de febrero.

Cuando la reunión se suponía que iba a ocurrir, Bukele ingresó acompañado de soldados a la Asamblea Legislativa con el fin de intimidar a los legisladores para que aprobaran el préstamo.

Ya en la Asamblea, se sentó en la silla del presidente del Órgano Legislativo y, al ver que el pleno no alcanzó el cuórum, hizo una oración y llamó a la “insurrección popular” (descrita en el artículo 87 de la Constitución Salvadoreña). No obstante, al salir del edificio pidió sus seguidores que mantuvieran la calma, aunque sostuvo que, ante el enojo popular contra los partidos tradicionales, “si hubiera querido habría tomado el control de todo el Gobierno esta noche”.

En las redes sociales la mayoría de los salvadoreños expresó su apoyo a Bukele y las encuestas realizadas en las semanas posteriores mostraban que el presidente conservó un amplio respaldo, mientras que los partidos opositores perdían simpatía.​

El hecho fue condenado por la oposición como un intento de “autogolpe” y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó al presidente “abstenerse de usar a la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales”. Estados Unidos calificó el ingreso de soldados a la Asamblea Legislativa como “inaceptable” y atentatorio a “la separación de poderes de las instituciones democráticas de ese país”. Tanto ARENA como el FMLN compararon posteriormente este evento con la toma del Capitolio de los Estados Unidos en enero de 2021, por partidarios del expresidente norteamericano Donald Trump.

Ante los cuestionamientos del exterior, Bukele afirmó: “Alguien que no conoce El Salvador ve la foto de los militares en el Congreso y dice: ¡Qué barbaridad! Pero ¿qué es más grave, una foto de unos militares donde no se agredió a nadie, no hubo heridos, ni disparos… o saber que hubo diputados (de gobiernos anteriores) que negociaron con pandilleros? Lo de los militares solo fue un acto de presencia. Fijarse en eso es estar enfocándose en lo superficial.”

La oposición parlamentaria se hizo cada vez más virulenta, llegando a proponer evaluar la incapacidad física o mental del presidente e iniciar un  proceso de destitución. Mientras tanto, la calle estaba con Bukele. El 28 de febrero de 2021, el partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría de los escaños en la Asamblea Legislativa y, el 1° de mayo de 2021, durante la primera sesión plenaria, hizo una coalición con otros tres partidos políticos (GANA, PDC y PCN) para obtener el control de dos tercios de la legislatura 2021-2024. Ese mismo día, el pleno aprobó la destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de la República.

Ahora, con la mayoría absoluta del respaldo del poder legislativo, Bukele avanzó firmemente con su Plan de Control Territorial y con medidas económicas que desconcertaron a más de un analista.

Desde septiembre de 2021, por iniciativa de Bukele, la Asamblea Legislativa transformó a El Salvador en el primer país en el mundo en hacer del Bitcoin una moneda de curso legal además del dólar estadounidense; si bien el colón salvadoreño sigue vigente ya no tiene circulación.

De acuerdo con el Plan, tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) estuvieron dotadas de armas de fuego, municiones y chalecos, realizando un combate frontal a las bandas narcos.

Como resultado, la tasa de homicidio intencional de El Salvador se redujo de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2018 —la más alta del mundo en ese momento— a 36 en 2019; en 2020 se estimó en 19.7, en 2021 a 17.6 y en 2022 a 7.8.

InSight Crime se refirió a la tasa de homicidios de 2021 como “inimaginable”, ya que, seis años antes, en 2015, era de 103 por cada 100 mil personas. En enero de 2023, el Gobierno salvadoreño anunció que se registraron 496 homicidios en 2022, una disminución del 56.8 % en comparación a los 1147 homicidios en 2021; se atribuyó la reducción de asesinatos a la desarticulación de las pandillas.

El Plan Control Territorial tuvo dificultades de financiamiento por el bloqueo de fondos durante la legislatura 2018-2021, que incluso llevaron a la crisis institucional de 2020, pero después de las elecciones de 2021, la recién instalada legislatura 2021-2024 aprueba cada solicitud del Ejecutivo en materia de seguridad.​

Sin embargo, ante el avance del Plan del gobierno, las bandas reforzaron su accionar, y a finales de marzo de 2022, los homicidios aumentaron de forma abrupta, específicamente el viernes 25 y sábado 26, respectivamente; el 26 de marzo fue el día más mortífero en la historia salvadoreña en 30 años desde el final de la guerra civil, con 62 asesinatos.

Ante la grave situación, el mismo sábado 26, Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa decretar el régimen de excepción, previsto en la constitución salvadoreña, restringiendo las garantías individuales. El régimen de excepción fue aprobado en la madrugada del domingo 27 de marzo de 2022 y entró en vigor ese mismo día.

La legislación salvadoreña tipifica como grupos terroristas a las pandillas, así como sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas. La Asamblea Legislativa reformó el Código Penal y Procesal para criminalizar el formar parte de una pandilla con penas de hasta 20 años de cárcel y para los cabecillas se elevan a 40 a 45 años.

A nivel nacional, el régimen de excepción y el Plan Control Territorial tienen amplio de respaldo de la población. Una encuesta de Gallup de abril de 2022 encontró que el 91 % de los salvadoreños apoyaba las acciones del Gobierno en materia de seguridad. Muchos salvadoreños explicaron que estaban cansados de la violencia y gran parte de los salvadoreños que viven en los Estados Unidos apoyaron la guerra contra las pandillas. El arzobispo salvadoreño José Luis Escobar Alas expresó su apoyo al régimen de excepción en julio de 2022.​

A nivel internacional, en cambio, hubo y hay severas críticas hacia la política de seguridad del presidente salvadoreño.

En abril de 2022 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) calificó las acciones de la policía y la fuerza armada salvadoreña como “uso innecesario y excesivo de la fuerza”. A principios de mayo, Human Rights Watch afirmó que había “evidencia creciente” y “acusaciones creíbles” de que las autoridades salvadoreñas estaban cometiendo violaciones de derechos humanos, como arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia policial, durante el régimen de excepción.

A principios de junio, Amnistía Internacional afirmó que el gobierno salvadoreño cometió “violaciones masivas de derechos humanos”, como la tortura contra los encarcelados, que el 2 % de la población del país estaba en prisión y que hubo 18 muertes bajo custodia policial.

Por su parte, las ONG que abogan por la libertad de prensa se alarmaron cuando la Asamblea Legislativa elevó las penas de prisión de 10 a 15 años a quienes difundan mensajes de las pandillas en medios de comunicación.

En respuesta a las acusaciones, Bukele criticó a la comunidad internacional, específicamente a las ONG de derechos humanos, que “no dijeron nada cuando los delincuentes arrebataron decenas de vidas salvadoreñas, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque según ellos les estábamos violando sus derechos” y agregó: “el enfoque de derechos humanos internacional y de las ONG está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos, nadie dice que ellos no tienen derechos, pero los derechos de la gente honrada a nadie le importan. [...] En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados y viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarramos a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. [...] Nuestra prioridad van a ser los derechos de la población honrada, porque son quienes no tienen derechos restringidos”. Nayib Bukele (16 de octubre de 2022).

El 31 de enero de 2023, Bukele presentó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un recinto carcelario de máxima seguridad que cuenta con una extensión de 1.6 km² y una capacidad para 40.000 reclusos. El centro penal tiene, además de pabellones para confinamiento de reos, un edificio para custodios, salas de audiencia por videoconferencia, celdas de castigo, fábricas para talleres, control de acceso con escáner de cuerpo completo y escáner para paquetes.

Desde que se inició el régimen de excepción, el gobierno encarceló a 62.975 personas integrantes de las distintas bandas narcos.

Para el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, “la solución de la Argentina es el camino que llevó adelante Bukele en El Salvador”, opinión que fue apoyada sorpresivamente por Luis D'Elia: "Berni es Bukele. Rosario tiene solución", escribió en las redes sociales con fotos del ministro de Seguridad bonaerense y del presidente salvadoreño.

Enceguecido en su carrera por la presidencia, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estaría buscando incorporar a su equipo de asesores a Yago de Marta, un catalán que tuvo un importante rol en la campaña presidencial de Nayib Bukele.

Difícil de ubicar en los catálogos habituales de la política, Nayib Bukele dice y hace cosas que evidentemente llaman la atención, forman opinión y abren discusiones que, en un mundo extremadamente interconectado y con una creciente desilusión en los sistemas políticos, tal vez marquen el inicio de una nueva y prometedora etapa en las ideas para un mundo mejor. Ahora ya habla de su reelección. Se ocupó del tema de la seguridad, le falta resolver el tema de la desigualdad social en su país.

Te invitamos a escucharlo en su último discurso ante las Naciones Unidas:

"La libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, en El Salvador"