El gobernador santafesino Omar Perotti tomó la decisión de intervenir por 180 días el Puerto de Reconquista luego de analizar un extenso informe elaborado por la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, a cargo de la Dra. María Victoria Stratta. En el mismo se señalan una serie de graves irregularidades en el funcionamiento de esa terminal portuaria y en su administradora, la empresa Ríos del Norte S.A. en la que tiene amplia participación la firma Vicentin.

Toda la información recopilada por la IGPJ fue remitida al juez Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el concurso de acreedores de la empresa Vicentin.

El decreto 574/20 es el que dispone la intervención al Ente Portuario Puerto Reconquista (EAPRe) por 180 días, designando como interventor a Martín Deltin, funcionario de participación destacada en la elaboración del informe que sustenta la decisión del gobernador. En el se hace referencia a la participación de Vicentín en otras sociedades y se desmiente que sea minoritaria, además de mencionar el dominio de bienes de los directores como maniobras de venta y donaciones, entre otros puntos.

Aunque ningún funcionario lo confirmó, trascendió que se sospecha en la gobernación de la realización de embarques no registrados (en negro) y otro tipo de maniobras fraudulentas, ya que la información recogida sobre el funcionamiento del puerto da cuenta solamente de actividades de carácter turístico, cuando la infraestructura y las condiciones para su concesión están claramente orientadas a la producción.

Cabe recordar que la concesión fue realizada en el año 1.999 y por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatt SAICA.

Dijo Perotti que "por la magnitud, extensión, capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley".

En el Decreto de Intervención el Gobernador puntualiza que"según surge de las del Actas de Directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la Ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.

El decreto también adjudica un “grave incumplimiento en cuanto a la Fiscalización y Control", que deriva en "que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos". Además señala que "no existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de diciembre de cada año".

Por su parte, María Victoria Stratta dijo que se efectuó un estudio de "las participaciones de la empresa Vicentin en otras sociedades" y sobre ese particular ofrece como pruebas el "Estado del activo presentado por la concursada en el expediente de concurso" y la página web del grupo Vicentin "donde se demuestra que hace suyas todas las empresas en las que dice contar con participaciones ínfimas".

También menciona estados contables no sólo de Vicentin SAIC sino de diversas sociedades de las que forma parte, "en algunos casos con control declarado, en otros no; en algunos casos es accionista directa; en otros lo son sociedades que ella controla". Stratta sostiene que "la sociedad cuenta con ejemplares de esos estados contables"y que "habrá de intimarse a su representante legal su presentación, bajo apercibimientos de ley".

Para la IGPJ, "estos estados contables son fundamentales, porque abarcan el ejercicio inmediato anterior a incursión en estado de cesación de pagos" y señala que "lo último que se tiene es el ejercicio 60, cerrado el 31 de octubre de 2018, en el que ni siquiera se vislumbra la hecatombe".

En ese sentido, menciona las proyecciones de inversión presentes en el ejercicio 60, que involucra un importante crecimiento de la firma Renova SA y sostiene que "parece de otra empresa" ese documento, que "está firmado el 15 de febrero de 2019, o sea menos de diez meses antes de la cesación de pagos".

Recordamos que Vicentin presentó un balance a julio del año 2019, con una utilidad de 30.000 millones de pesos y en noviembre pidió 87 millones de dólares al Banco Nación, lo que le fue otorgado en solo 26 días, para posteriormente entrar en cesación de pagos. Trascendió, además, que en esos días de finales de noviembre y principio de diciembre, se habría vendido o intentado vender la empresa a una Sociedad Anónima Uruguaya, lo cual deberá determinar la justicia.

Foto de portada: Ente Administrador Puerto Reconquista.

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