La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación aprobó, por Resolución 1036/2021, los "Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030".

En consonancia con lo que sucede en Glasgow, Escocia, en la COP26 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), el Gobierno fijó las directrices de un plan de transición hacia la descarbonización de la matriz energética con objetivos a cumplir en la próxima década. El documento plantea, tal como hemos escuchado decir al propio presidente Alberto Fernández y los ministros, que los países de mayores recursos económicos son los principales responsables del cambio climático, al tiempo que son los mismos que tienen mejores posibilidades para avanzar hacia una mayor sustentabilidad.

"El cambio climático, además de ser una amenaza global, es esencialmente un problema de desigualdad social. Se trata de una crisis impulsada por el proceso de desarrollo económico de las naciones de mayores ingresos, pero cuyos costos recaen mayoritariamente sobre los países más pobres, obstaculizando sus tardíos procesos de desarrollo", explica el documento. Estas desigualdades se replican hacia el interior de los países, recayendo el peso del impacto medioambiental en los sectores más desprotegidos.

De aquí se desprenden dos cuestiones, por un lado, la responsabilidad que le cabe a los países más desarrollados y de mayor poderío económico, tanto en el impacto generado al medio ambiente como en la capacidad colaborativa a nivel internacional respecto a las naciones más vulnerables. Por otro lado, el impacto desigual hacia el interior de nuestro propio país, lo que deviene en tener que estructurar un plan que contemple las implicancias económicas y sociales en un contexto de gran pobreza y, además, con la inestabilidad de las variables macroeconómicas.

La descarbonización como horizonte, planificada sobre la base de las capacidades sociales, tecnológicas, industriales y macroeconómicas argentinas, habilita un sendero de desarrollo hacia un país más limpio y más justo.

Entonces, si bien el documento plantea que la transición energética "es una de las tareas a abordar para dar respuesta a la problemática medioambiental de nuestra casa común", a través las políticas públicas, esta transición debe ser "justa, asequible y sostenible". Pues, requiere un "cambio estructural en los sistemas de abastecimiento y utilización de la energía, lo cual trae aparejado consecuencias aún inciertas en la organización de las sociedades". Por lo cual, "debe tener simultáneamente consistencia social, macroeconómica, fiscal, financiera y de balanza pagos".

Con este objetivo, el Plan expresa que la política económica de los próximos años en materia energética debe basarse en seis objetivos que definen una estructura productiva y es que ésta sea: inclusiva, dinámica, estable, federal, soberana y sostenible.

En definitiva: "La transición energética no puede pensarse aislada de esta realidad sino que debe armonizarse con la estabilización macroeconómica necesaria para el desarrollo, buscando fortalecer nuestras capacidades en un sendero compatible con la inclusión social y disponibilidad de divisas".

En tanto, hacia afuera, "resulta necesario un mayor compromiso de cooperación internacional en el cual se incluyan aportes no reintegrables, transferencias tecnológicas y financiamiento accesible de manera tal que los compromisos a futuro sean compatibles con las capacidades del país". Este punto forma parte de las propuestas que la comitiva argentina llevó a la comunidad internacional en estos días, tanto al G20 como a la COP26. Se busca avanzar hacia el "concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas" y hacia "acuerdos sostenibles sobre deuda externa e identificar avances en tecnologías limpias como bienes públicos globales", manifestó el presidente Alberto Fernández. En definitiva, canjear deuda por acción climática; entendiendo que los países como Argentina se encuentran en una situación desfavorable, por su crítica situación socioeconómica interna agravada por la pandemia y la deuda externa, con una exigencia global en el marco de la lucha contrarreloj del desastre medioambiental, generado principalmente por las grandes potencias.

Además, el Plan presenta, en base al estudio de la matriz energética argentina y el análisis estadístico, macroeconómico y social, dos escenarios posibles y las inversiones necesarias en cada caso para los diferentes rubros competentes en el sector hacia una transición a energías limpias. En este aspecto, plantea un panorama de inversiones entre las 10.000 y 14.000 millones de dólares.

"La descarbonización como horizonte, planificada sobre la base de las capacidades sociales, tecnológicas, industriales y macroeconómicas argentinas, habilita un sendero de desarrollo hacia un país más limpio y más justo, para esta generación y las que han de venir", finaliza el documento desarrollado por el Ministerio de Economía de la Nación a cargo de Martín Guzmán.

Ver el documento completo clic aquí: Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030

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