María Rosa Martínez, legisladora por el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de ley para la creación del Programa Nacional Marcha al Campo para que se puedan desarrollar actividades agropecuarias en las tierras fiscales y tierras con bosques nativos actualmente en poder del Estado en diversos organismos y niveles, bajo la forma jurídica de comodato a largo plazo consolidando la propiedad fiscal.

Nelson Mandela dijo una vez: "Es a través de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en médico; que el hijo de un minero puede convertirse en jefe de la mina; que un niño de trabajadores agrícolas puede llegar a ser el presidente de una gran nación". Pero para eso se de hay que generar trabajo para consolidar desarrollo y que todos puedan tener la oportunidad.

A eso apunta el proyecto de ley, presentado por la diputada Martínez cuenta con el apoyo de Juan Carlos Alderete, Claudia Alicia Bernazza, Walter Correa, Marcelo Koenig, Jimena López, Mónica Macha, María Carolina Moisés, Patricia Mounier, Laura Russo, María Liliana Schwindt, Magdalena Sierra, Ayelén Sposito, Fernanda Vallejos, Carlos Alberto Vivero, Hector Fernandez, Claudia Beatriz Ormachea, Blanca Inés Osuna, Carlos Ybrhain Ponce, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Liliana Patricia Yambrun, Maria Lucila Masin y Sergio Guillermo Casas.

Lo que se busca con el proyecto de la Diputada Martínez, es integrar estos sectores populares que buscan una oportunidad de desarrollo, complementándose con los factores de producción ya existentes y lograr el arraigo en el interior, descomprimiendo así las ciudades, que hoy dejan de ser sustentables para la totalidad de quienes pretenden vivir allí.

Los objetivos del proyecto son, entre otros, “revertir la migración rural-urbana y fomentar el arraigo del sector rural, contribuyendo a evitar el hacinamiento en los conurbanos y tendiendo a un desarrollo armónico mediante una estrategia tanto productiva como de movilización de fuerza de trabajo que puede, en un primer plazo de 48 meses, pasar a significar una nueva población rural, asentada en el territorio y organizada como un conjunto de productores, sin subsidios permanentes del Estado, con un libre desarrollo de sus actividades”.

La implementación estará sujeta «a la inversión en el mejoramiento de las condiciones de la ruralidad (infraestructura rural, vivienda familiar, acceso a la salud y educación) como parte de una planificación integral».

Para determinar los destinatarios, se propone realizar un censo nacional, así como de los propietarios o no de unidades de hasta 150 hectáreas y trabajadores permanentes o transitorios del medio rural. Las personas que apliquen al Programa Nacional Marcha al Campo serán beneficiadas mediante un sistema de créditos y/o subsidios que actúe como incentivo a la localización y a la producción.

Además, el proyecto contempla que los destinatarios sean capacitados por profesionales extensionistas, comunicadoras/es agrícolas y forestales, profesionales de educación, salud, construcción y las ciencias sociales.

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