Sinergia Animal, ONG internacional dedicada a la protección animal, en colaboración con la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (ACUCC), presentaron una iniciativa para crear una ley que establezca un etiquetado para los huevos de gallina que se consumen en el país. La idea central es que los consumidores conozcan el origen exacto de los mismos, es decir, si provienen de gallinas enjauladas, si son productos definidos como “de campo” o si se trata de alimentos orgánicos.

Romina Viscarret, vocera de Sinergia Animal en Argentina, sintetizó claramente el fin que persigue la propuesta: "El objetivo es distinguir los huevos que provienen de jaulas, galpones o camperos, proporcionando información clara para orientar a los consumidores y dar transparencia a la forma en que se trata a las gallinas en la industria del huevo a nivel nacional".

Según datos de la ONG, en Argentina existen unas 45 millones de gallinas ponedoras que son las responsables de la producción de 436 huevos por segundo. El 90 % de estos animales está alojados en jaulas en baterías convencionales. Desde Sinergia detallan que este sistema hace que las gallinas se encuentren hacinadas y que no puedan "caminar, moverse, estirar sus alas completamente, ni realizar muchos de los hábitos naturales de la especie".

Pero no solo explican que los animales sufren maltrato y hacinamiento, sino que, además, citan un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que reveló que los sistemas de jaula "tienen una mayor prevalencia de Salmonella en comparación con los sistemas libres de jaulas; enfermedad que causa 93.8 millones de casos de gastroenteritis aguda y 155.000 de muertes a nivel global por año”. Debido a esto, y para satisfacer la demanda de los consumidores, la Unión Europea ha adoptado un amplio sistema de etiquetado sobre bienestar animal, que define a los diferentes métodos de producción, como el que se está proponiendo en Argentina.

“El acceso a la información clara y precisa es un derecho del consumidor que todo Estado debe garantizar. En este caso, puede haber impactos directos para la salud de las personas, y también aspectos éticos que deben ser considerados. Buscamos que este proyecto ayude a las personas a comprender lo que están comprando, con qué productos están alimentando a sus familias y qué prácticas de la industria están fomentando o dejando de apoyar”, concluyó Viscarret.

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