Eduardo Allende en su carácter de Fiscal de Estado de San Luis y representante de dicha provincia, llevó adelante una denuncia penal, pidió ser querellante en la causa y reclamó por el levantamiento de los cortes realizados por las provincias, a raíz del conflicto que existe por los accesos restringidos al territorio de Rodríguez Saá.

Denuncia

Allende explicó que "tal como trascendió en diversos medios de prensa en el día de ayer", un grupo de personas convocadas por las redes sociales por presuntos productores cordobeses, se reunieron en territorio de dicha provincia, en las cercanías de los límites con San Luis, sobre las Rutas Nº 7 -nacional- y Nº 30 -provincial-, y realizaron un piquete con cortes en las mismas. El episodio aún se mantiene activo provocando la imposibilidad de la libre circulación de bienes y personas, obstaculización en el comercio terrestre y el transporte interprovincial e internacional, y el "detrimento de los objetivos de bien público para las que fueron establecidas las vías interjurisdiccionales".

En este contexto agregó que los cortes imposibilitan la salida y entrada de personas que "debidamente autorizadas y cumpliendo los protocolos vigentes dictados en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia ", para el cumplimiento de tareas y funciones esenciales. Además sumó que el bloqueo del tránsito por estas vías está impidiendo el envío de los test de COVID-19 realizados en San Luis, procesados por el laboratorio Rossi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tal como explica su denuncia, el corte restringe la circulación de los vehículos sanitarios encargados del traslado de las muestras tomadas.

Continuando con su solicitud, el Fiscal sostuvo que la actitud de los productores, a la que definió como "deliberada, premeditada e intencional", tiene por finalidad provocar un "caos social, infundiendo temor público en la población de San Luis" al declarar que las protestas serán por tiempo indeterminado. Remarcó que los que llevan a cabo este procedimiento "actúan coordinadamente con otros grupos organizados que adoptan la misma conducta" causando la interrupción de las vías de comunicación interjurisdiccionales en los límites de San Luis con La Pampa, Mendoza, San Juan y La Rioja. Además no olvidó mencionar que "lo paradójico del reclamo" es que la provincia de Córdoba, en la cual residen las personas denunciadas, hay idénticos protocolos para el ingreso y egreso de personas que los que presente el gobierno de Rodríguez Saá.

Solicitud de intervención

Por todo lo detallado anteriormente, Allende pidió que personal de la fuerza policial o de seguridad se constituya en los lugares donde se llevan adelante los hechos y constate la existencia de los mismos, y -en caso de continuar interrumpida la libre circulación- adopte las medidas pertinentes. De esta forma solicitó que usando la fuerza pública -en la medida de lo necesario y aplicando técnicas de mínima violencia- rehabiliten y garanticen la libre circulación de personas, vehículos y bienes.

En tal sentido además instó a que se ordene la realización de toda medida conducente tendiente a hacer cesar la comisión del delito y evitar que el mismo se perpetre, haciendo referencia así a las "amenazas" realizadas por los manifestantes respecto a continuar con la modalidad.

San Luis aclara

Finalizando el documento el funcionario puntano destacó que el principal objetivo del gobierno de San Luis es obrar siempre en resguardo de la salud de toda la población. De esta forma agregó que el territorio no se encuentra cerrado, sino con medidas establecidas que regulan el procedimiento del ingreso y egreso, previo actualización del Comité Operativo de Emergencia (COE).

En este marco además subrayó que bajo esta modalidad, y respetando los protocolos presentes, ya se otorgaron las siguientes autorizaciones:

• 1654 al sector agropecuario
• 2501 por razones de salud
• 12.598 por razones de residencia, trabajo u otros motivos
• 274.575 al transporte

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Foto imagen destacada: SRA Río Cuarto