La inclusión prioritaria de los trabajadores rurales mayores de 60 años al Plan Nacional de Vacunación; el obrar ilegal de Cargill S.A. con respecto a la obligatoriedad de tomar personal de las Bolsas de Trabajo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y, la necesidad de crear la “Dirección Provincial de Trabajo Agrario” en la órbita de la actual Subsecretaría de Inspección del trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la provincia, son la causa de desvelo de la diputada provincial, Natalia Sanchez Jauregui.

La diputada por el Partido Fe, electa en octubre de 2019 por la quinta sección electoral bonaerense, autora del Proyecto de Ley con media sanción "Mapa Interactivo SOS Rural" y con una impronta en temas y problemáticas que acechan al ámbito rural, explicó a este medio sus proyectos netamente vinculados al gremio de los trabajadores rurales UATRE y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, (RENATRE), ambas entidades presididas por el dirigente José Voytenco.

El Agrario dialogó con la funcionaria para que nos explique acerca de estos proyectos presentados en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, iniciativas que tienen como fin otorgarle beneficios y derechos al trabajador rural y su familia.

Vacunación a trabajadores rurales

Desde el RENATRE se solicitó al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, y a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la inclusión prioritaria de los trabajadores rurales mayores de 60 años,en especial de aquellos que se desempeñan bajo la modalidad de contratación correspondiente al trabajo eventual, en el Plan Nacional de Vacunación.

Son aquellos, que por la naturaleza de tareas prestadas y cuestiones cíclicas referidas al cultivo, cosecha, poseen una alta rotación de las zonas en las cuales trabajan, lo que los convierte en un sector con mayor exposición al contagio del virus.

La diputada Sanchez Jauregui adhiere a este pedido y manifiesta en su proyecto: “Sí tenemos en cuenta que los trabajadores rurales han sido considerados esenciales a la normativa por el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia COVID-19, atendiendo a que su actividad no ha cesado en ningún momento, se impone la necesidad de otorgarle a dichos trabajadores la prioridad en la vacunación, como lo es para el personal de Seguridad, educación y a los mayores de edad”.

Y haciendo especial énfasis en los trabajadores que se desempeñan en la modalidad de trabajo eventual, explicó: “Son aquellos que, por la naturaleza de tareas prestadas y cuestiones cíclicas referidas al cultivo, cosecha y demás cuestiones relacionadas a la producción en la cual se desempeñan, poseen una alta rotación de las zonas en las cuales trabajan, lo que los convierte en un sector con mayor exposición al contagio del virus”.

El obrar ilegal de Cargill

Sanchez Jauregui intervino a partir del conflicto desencadenado por el obrar ilegal de Cargill S.A., específicamente en la planta ubicada en la localidad de 30 de agosto, Partido de Trenque Lauquen, que incumple las prescripciones de la Ley Nº 26727, que en su articulo 69 establece la obligatoriedad de tomar personal de las Bolsas de Trabajo UATRE.

La legisladora expresó su preocupación y manifestó su apoyo al gremio de los trabajadores rurale, ya que: “Se trata del Régimen de Trabajo Agrario sancionado en 2011, donde se establece que las bolsas de trabajo a cargo de las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial proveerán a los empleadores del personal necesario para la realización de las tareas temporarias en las actividades contempladas en la presente ley, conforme las resoluciones que a tal efecto dicte la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)”, explicó la funcionaria.

Cargil tiene un sistema de acopio de cereales, antes de la comercialización en silobolsas y plantas de almacenamiento. La Uatre sostiene que esa tarea la hace personal ajeno al gremio. En ese sentido, el sindicato informó que las medidas de fuerza se iniciaron en esa ciudad con “una asamblea permanente en la puerta del establecimiento de Cargill por el despido de 25 trabajadores de la bolsa de trabajo de la Uatre, especializados en la manipulación de granos”.

A raíz de la medida de fuerza, el 7 de abril se realizó una reunión, de manera no presencial, entre el Delegado en Trenque Lauquen del Ministerio de Trabajo bonaerense, el Secretario General de la seccional 83 de 30 de Agosto de la Uatre , la subdelegada Regional de Trenque Lauquen de Uatre, el apoderado del gremio, el jefe de la planta de Cargill La Porteña de la localidad de 30 de Agosto y el apoderado de la firma Cargill. Como resultado de esta reunión el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires le dio la razón al gremio e inició un sumario de “infracción” a la empresa multinacional.

Por su parte, la compañía manifestó que “ha iniciado las acciones legales necesarias ante las autoridades competentes a fin de resguardar la seguridad de su personal e instalaciones, en espera de una pronta resolución que permita reanudar las operaciones”.

En este sentido Jauregui, quien se referencia con el Gremio de los trabajadores rurales solicita a sus pares legislativos “la aprobación del proyecto en pos de la defensa de las leyes vigentes y en particular de los derechos adquiridos del trabajador rural y su familia”, debiéndose tener en cuenta que estos trabajadores hace más de 8 años que vienen realizando esta actividad.

Dirección provincial del trabajo agrario

Asimismo la legisladora habló de la necesidad de creación de la “Dirección provincial de Trabajo Agrario”, en la órbita de la actual Subsecretaría de Inspección del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

En ese sentido explicó que la Comisión deberá promover acciones para la capacitación de capital humano, tanto técnico como profesional, con especificidad en la actividad que coadyuven al mejoramiento de las condiciones y medioambiente de trabajo en la actividad rural. Y detalló algunas de sus  misiones y funciones:

• Fiscalizar la aplicación del Régimen del Trabajador Rural, coordinando acciones y criterios, con otros organismos nacionales y provinciales, y en general la aplicación de la normativa vigente con relación a las distintas ramas de actividad.
• Fomentar la contratación de mano de obra local en territorio provincial y dentro de cada localidad en particular.
• Aplicar los procedimientos previstos por la legislación vigente en situaciones de crisis de empresas, velando por la preservación de la fuente de trabajo y tratando de atenuar los efectos adversos a través de una adecuada gestión conciliadora.
•  Controlar el accionar de las cooperativas de trabajo a efectos de verificar que no se configuren situaciones de fraude laboral en perjuicio de los trabajadores. Declarar la existencia de fraude laboral e infraccionar en consecuencia.
•  Analizar, evaluar, coordinar y determinar el alcance de las políticas y acciones para el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector rural y de las unidades productivas, en relación a la eliminación de la precariedad y la informalidad laboral, la erradicación el trabajo infantil y la prevención de la trata y de las peores forma de trabajo con alcance al ámbito de la jurisdicción provincial.

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