Según fue reportado por fuentes de la cartera de transporte, su titular, el ministro Alexis Guerrera, y el interventor de la Administración General de Puertos (AGP), José Beni, rubricaron el acuerdo para el gerenciamiento de la vía troncal fundamental del comercio exterior argentino ahora cargo de AGP hasta tanto se adjudique la licitación de largo plazo para el dragado, balizamiento, control y cobro del peaje de la vía fluvial.

De esta manera se avanzó en el esquema jurídico establecido por el decreto 427/21 firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. A partir del acuerdo rubricado el viernes, la AGP quedó autorizada para dar inicio a la etapa transitoria mientras el Ente de control y Gestión de la Vía Navegable, en paralelo, confecciona la licitación “larga” y adjudica el futuro contrato por el dragado, balizamiento, control hidrométrico y cobro del peaje de la vía fluvial nacional por la que sale el 80% del comercio exterior de la Argentina.

La concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay estuvo bajo la gestión operativa del Consorcio Hidrovía S.A., en manos de la empresa belga Jan de Nul junto a su socio local Emepa, por los últimos 25 años.

El 25 de agosto pasado se creó, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Número 556/21, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, de carácter autárquico y bajo el ámbito del Ministerio de Transporte, que contará con la participación de las siete provincias ribereñas por primera vez en 26 años.

El organismo será el encargado de controlar "la correcta prestación de los servicios, el cuidado de los usuarios y las usuarias, la protección de los bienes de dominio público y privado del Estado y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y marcos contractuales y regulatorios", según reza el decreto.

Además, tendrá a su cargo los controles, inspecciones, regulaciones y seguimiento de las materias administrativas, ambientales primarias, económico-financieras, legales, modificación de traza, tarifarias y técnicas de los contratos de concesión de obra pública.

En tanto, el 26 de agosto, se firmó un convenio con la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que le otorga a ésta "las facultades de fiscalizar, controlar y garantizar un proceso legítimo, transparente" y que conlleve los requerimientos legales necesarios desde el inicio en que se desarrolla la concesión de la vía navegable en favor de la AGP.

Hasta el momento había preocupación entre los privados. El cambio por un Estado que no posee el expertise ni las maquinas fundamentales para operar en la hidrovia encendieron las alarmas.

Además, el contexto actual de bajante del Paranápotencia la situación antes mencionada ya que en medio de la emergencia hídrica declarada por la catastrófica bajante del Paraná, las tareas de dragado diarias se hacen fundamentales para mantener la operatividad aunque sea con cargas parciales de los buques que ocasionan perdidas y sobrecostos de todo tipo.

Según trascendió, y para tranquilidad de los privados que operan a través de la hidrovía, en esta transición que durará aproximadamente un año, la AGP no prevé hacer grandes modificaciones en el corto plazo.

Así, se prorrogarían las tareas del actual concesionario a la dragadora belga Jan de Nul, (aunque sin su socio local Emepa en el balizamiento) al menos por los próximos 12 meses, o se optará por un esquema de contratistas de obra pública, que posean las herramientas y el know-how imprescindibles (que no tiene el Estado) para operar la vía troncal fundamental de nuestro comercio exterior. En relación a los más de 800 trabajadores que operan en la concesión actual, su continuidad estaría asegurada en el nuevo esquema ya que la AGP exigiría a sus contratistas la continuidad del personal. Con respecto al peaje, el organismo tiene la potestad de cambiar la tarifa pero todavía no hay certezas al respecto.

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