Organizaciones gremiales y sindicales rechazaron hoy en redes sociales el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó en un comunicado el fallo, que consideró "una macha más en la historia de la Justicia argentina" y señaló que "los actos de gobierno no son judiciables", sino que es el pueblo quien "decidirá el destino de sus representantes políticos".

En esa misma línea, el cosecretario de la CGT Héctor Daer escribió en Twitter: "Es inaceptable una condena amañada a los intereses de los poderosos. No existe relación entre los hechos juzgados y CFK. La sentencia confirma la necesidad del poder real de condenarla. Acompañamos a Cristina y reclamamos una revisión justa de esta sentencia absurda".

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) indicaron que "las organizaciones populares no vamos a permitir este atentado a la democracia y este agravio a quien representa nuestra esperanza de lograr la patria justa, libre y soberana por la que no dejaremos de luchar".

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, calificó la condena de "inadmisible y amañada".

"Ante ello no es posible el silencio pues hay castas que desde el poder corporativo, mediático y lo que es más grave desde el Poder Judicial se pretende consagrar un orden sistemático de violación de los derechos sociales y políticos", indicó en un comunicado.

El dirigente pidió por la "ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema y una reforma judicial que garantice el ejercicio de la soberanía popular".

La CTA expresó su repudio en un documento difundido en redes y aseguró que "es muy claro que una parte del aparato de justicia quiere eliminar la figura de la Vicepresidenta", aunque afirmaron que "el pueblo argentino no va a agachar la cabeza".

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), en representación de la Internacional de la Educación, aseguraron que el fallo es una "persecusión de los sectores de la derecha política, económica y judicial".

El documento, que lleva las firmas del diputado Hugo Yasky y la representante de Brasil Fátima Silva, indicó que la condena es "es un capítulo más de la triste sucesión de acciones judiciales con que se ha perseguido a otros líderes populares de América Latina", como el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.

Fuente: Télam