La Seccional 937 de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) con jurisdicción en los distritos de San Vicente, Almirante Brown y Presidente Perón dejó en claro su desacuerdo frente al decreto dictado por el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, respecto a la caducidad de habilitación de la firma Avicomar SRL.

De esta forma Uatre sostuvo que la pandemia es un hecho extraordinario e imprevisible a escala mundial, lo cual contribuye y se enmarca a nivel local, dentro de un contexto socioeconómico que preocupa a la inmensa mayoría de las familias argentinas. En este contexto, el gremio resaltó que la caducidad de habilitación y el cierre de la fuente de trabajo de Avicomar, conduce a reflexionar si dicha medida es el remedio más eficaz ante el problema planteado, existiendo la posibilidad de aplicar otras alternativas.

Además la Seccional 937 planteó que ante toda crisis de empresa, es el Estado (en este caso el gobierno municipal) el que debe bregar por su continuidad, se trate de una unidad productiva grande, mediana o chica. Asimismo, aclaró que sentado este principio, es dable reconocer también que la actividad debe desarrollarse con apego a la ley, dando estricto cumplimiento a las regulaciones vigentes en materia de salubridad, seguridad e higiene.

Frente a las diversas opiniones encontradas sobre si se han cumplido o no las reglamentaciones, la Seccional de Uatre dejó en claro que hay otras sanciones a aplicar antes que el cierre de la planta, tales como multa y clausura, que permitan subsanar errores o incumplimientos y preservar así la fuente de trabajo, con su eventual reapertura.

"Creemos que el ejecutivo municipal sienta un precedente nefasto, pasible de ser aplicado en casos análogos, sembrando un manto de incertidumbre sobre otras fuentes de trabajo locales, en medio de la pandemia que vivimos", sostuvieron desde la Seccional 937.

Por su parte quien también realzó la voz en defensa de los trabajadores fue la diputada provincial por el Bloque Partido Fe, Natalia Sánchez Jáuregui, quien declaró que “es inconcebible que se haga esto justo ahora”.

Sin lugar a dudas, y a la espera de que el Gobierno local ayude a las PyMEs locales, Jáuregui destacó que San Vicente es el primer municipio que, en medio de una emergencia sanitaria global, en lugar de proteger a un productor local y ayudarlo a subsistir hasta que la economía se regularice, le quita la habilitación para trabajar y lo intima a cerrar sus puertas en el plazo de 15 días, sin brindarle ninguna posibilidad. "Hay que rever esta medida", sentenció