En una charla telefónica con este medio, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, destacó la integralidad de las políticas sociales que lleva a cabo para atender la problemática de la pobreza y el hambre en Argentina, "desde el ingreso, la producción de alimentos, la educación nutricional y el hábitat". Además, brindó un detallado mapeo sobre los niños, atendidos en los centros de salud de los barrios populares, malnutridos y de "baja talla", y mencionó la necesidad de políticas de acceso al cuidado, como los centros de desarrollo infantil en ámbitos rurales.

-¿Cuáles son las premisas del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales?

-Las políticas sociales tienen que buscar la integralidad, no hay una sola política que pueda desterrar este drama del padecimiento del hambre en la República Argentina. Se trata por una lado, de una política que tiene que lograr que esa familia tenga un ingreso, una canasta básica de alimentos sana, segura y soberana. Y al mismo tiempo, hay que mirar la producción de alimentos en Argentina, cómo, dónde y de qué manera se produce.

Además, hay que ir construyendo beneficios impositivos y fiscales, hay que mirar el hábitat y el contexto en donde viven estas poblaciones. Es un trabajo integral que nos confiere nuestro presidente de la Nación, cuando dice “empezar por los últimos, para llegar a todas y a todos”, a eso nos abocamos con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Empezamos con los niños que tienen baja cobertura de ingresos, producto de que sus madres o padres no tienen ingresos formales y, por ende, tienen la Asignación Universal por Hijo. A esta asignación la suplementamos con la Tarjeta Alimentar, con un monto para poder garantizar esa canasta básica de alimentos.

Luego, con la pandemia, hemos articulado las políticas sociales de transferencia más importantes como fueron los bonos, AUH- AUE, Tarjeta Alimentar, los bonos de jubilados y pensionados, y por supuesto el gran IFE, que fue el ingreso familiar de emergencia que da cuenta que el Estado transfiere 90 mil millones de pesos para poder amortiguar el impacto de la pandemia.

-¿Cuáles son las expectativas como coordinadora del Consejo?

-La expectativa es poder integrar un trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Salud. El Consejo tiene una Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que es un sistema integrado de información tributaria de la República Argentina, con más de 782 bases, con la información nominal por hombres y mujeres de la Argentina. A través de este sistema se puede dar cuenta de que es lo que reciben del Estado y cuáles son los ingresos, de esta manera podemos rediseñar las políticas de transferencias a través de la información que provee el SINTyS.

Además, cuenta con la información del sistema sanitario público de la Argentina, y dentro de este del Programa SUMAR, que tiene cargados todos los valores de peso y talla de los niños en la Argentina. Este programa nos permite saber cuales son los niños que tienen una baja talla, niños que parecen que tienen 4 años y en realidad tienen 6 o 7. Ese acortamiento del crecimiento, da cuenta que a esa criatura al momento del desarrollo, el Estado no le pudo garantizar el acceso a una alimentación adecuada, a una vivienda digna, acceso al sistema educativo y por supuesto, al sistema sanitario.

Dentro de ese diagnóstico, lo que nosotros hacemos es mapear esa situación de baja talla junto con el Registro Nacional de Barrios Populares y lo que vemos es que hay más captación de estos niños, en cercanías de grandes asentamientos y barrios de emergencia.

Son más de 11.335 niños que tenemos en esta situación en casi todas las provincias de la Argentina, que están priorizadas por localidad, en función de los asentamientos.

-¿Cómo es la metodología de trabajo?

-El ministerio de Ciencia y Tecnología nos provee el dato, articuladamente trabajamos con Salud, para ver cómo va ser el tratamiento que le vamos a dar a esta familia, cuidando justamente el derecho al ingreso.

Cuando empezamos a hacer el trabajo de campo nos dimos cuenta que esa mamá, por algún motivo, nunca tuvo la AUH y por lo tanto nunca tuvo ingresos. El Estado le tenía previsto el derecho al ingreso y esa mujer nunca se enteró. O si se enteró, a veces aparecen otras dificultades, como por ejemplo la falta de documentación.

Es un poco el desarrollo de esta integralidad que queremos dar en estas 135 localidades, en donde tenemos los indicadores que son los que más nos preocupan y ocupan. Hicimos un entrecruzamiento para ver cuántos niños de esta población tenían la AUH y hay un 35 % de esa población que nunca recibió la AUH, con lo cual todavía tenemos también, la posibilidad de garantizar ese ingreso.

-En cuanto al trabajo infantil, ¿cómo se trabaja?

-Pensar que el trabajo infantil lo erradicás con sanciones o inspecciones, es errado. Hay que hacerlas, pero lo más importante es ver la causa y el motivo por el cual sucede ese trabajo infantil, tan asociado obviamente a la actividad agraria y rural. Actividades donde las madres no tienen dónde dejar a los chicos para que los cuiden, entonces los llevan al campo y hacen el trabajo con ellos.

Así también están los casos de niños de 11 o 12 años que quedan a cargo de hermanos menores, y este es un trabajo de cuidado que recae sobre niños, niñas y adolescentes.

Trabajar una política activa de ofertas de cuidados sería lo más indicado en la integralidad, con un fortalecimiento educativo y un fortalecimiento en las políticas de acceso al cuidado, como por ejemplo centros de desarrollo infantil, con profesionales que puedan hacerse cargo de la etapa de la crianza de esos chicos, para que sus madres y padres puedan salir a trabajar tranquilos.

-¿Agenda 2030 en qué consiste?

-La lucha contra el hambre, erradicar la pobreza, erradicar el trabajo infantil, son metas que nos proponemos como país dentro de lo que se conoce en el mundo, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030. Es un compromiso de nuestro país, ante un conjunto de países que formamos parte de las Naciones Unidas. En el año 2015 firmamos este compromiso (2015- 2030) para poder llevar adelante el cumplimiento de metas que dieran mayores resultados en la obtención del camino que buscan los ODS.

Mejorar los indicadores de pobreza, de alta vulnerabilidad social, cobertura de salud, saneamiento de agua potable, políticas de equidad de género, construir pilares de trabajo decente, erradicación del trabajo infantil, acceso a la justicia, ciudades sustentadas, cuidado del medio ambiente, son 17 objetivos donde nos vamos  implementar planes y políticas públicas que tengan metas claras de avance hacia esos caminos, de dignidad que pretendemos para nuestro pueblo, con indicadores que puedan medir estos avances, retrocesos  o estancamiento.

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